Petroecuador pide separar a jueza Consuelo Tapia del Tribunal del caso Triple A

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, una de las acusadoras particulares en el caso Triple A, presentó una demanda de recusación contra la jueza anticorrupción Consuelo Tapia, solicitando que sea separada del Tribunal de Juzgamiento que conocerá la causa penal la tarde de este miércoles 24 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La recusación fue presentada días antes de la instalación de la etapa de juzgamiento contra 22 personas naturales y jurídicas —16 personas y seis empresas— procesadas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de petróleo.

El 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade llamó a juicio a diez personas naturales y seis empresas en calidad de autores del delito, mientras que otros seis procesados fueron acusados como coautores. El dictamen acusatorio fue emitido por Carlos Leonardo Alarcón, entonces fiscal de la Unidad de Transparencia y actualmente fiscal general encargado.

La jueza Consuelo Tapia fue designada como reemplazo temporal del magistrado Carlos Serrano, quien el pasado 17 de diciembre anunció que dejaba de asistir a su despacho debido a amenazas contra su vida y la de su familia, relacionadas con un proceso por narcotráfico en el que fue sentenciado el ciudadano serbio Yezdimir Srdán.

Con la incorporación de Tapia, el Tribunal quedó conformado junto a los jueces Jorge Sánchez (ponente) y Gabriela Lara, manteniéndose la convocatoria para instalar la audiencia de juicio este 24 de diciembre a las 14:30, en la sala 208 del Complejo Judicial Norte. Inicialmente, el juicio estaba previsto para enero de 2026, pero fue adelantado bajo el principio de celeridad.

Según Petroecuador, la recusación se sustenta en la existencia de una “duda razonable sobre la objetividad” de la jueza, debido a una supuesta emisión de criterios preventivos sobre el fondo del proceso, lo que —a criterio de la empresa— vulneraría la independencia judicial y el debido proceso. Aunque también se solicitó que Tapia se excuse voluntariamente, la magistrada se negó, señalando que no existen causales legales para hacerlo.

Desde el Tribunal de Juzgamiento se precisó que, conforme al artículo 26 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la recusación constituye una demanda que debe ser conocida por otro juzgador de igual nivel y materia, sin necesidad de tramitarse dentro del expediente principal.

En el caso Triple A, la Fiscalía investiga la presunta relación de seis empresas con distribuidoras de combustible, a través de las cuales se habrían comercializado irregularmente grandes volúmenes de diésel y gasolina, especialmente en zonas fronterizas y mineras. Las pericias determinaron un perjuicio económico aproximado de $ 61.502.658,39, correspondiente a 22,7 millones de galones de combustible.

La Fiscalía presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a sectores no autorizados, generando un grave daño al Estado ecuatoriano. Entre los sectores bajo investigación constan empresas vinculadas a actividades automotrices, industriales y navieras.

Dentro del proceso también figuran como vinculados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, otras diez personas naturales y la empresa Harsajudi S. A., incorporados a la causa en abril pasado.