El Consejo de Gobierno de Galápagos aprobó el proyecto de seguridad donde se establece como funcionará la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y el crimen organizado en las islas.
El documento, de 12 páginas y 11 artículos, determina que los ciudadanos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, empleados civiles, y contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, podrán ingresar a la reserva marina de Galápagos sin pagar la tarjeta de control de tránsito que normalmente a un extranjero le cuesta USD 200.
Ese personal norteamericano podrá entrar con pasaporte u otra identificación estadounidense y recibirá la categoría migratoria de transeúnte siempre y cuando sea pedido por el Ministerio de Defensa de Ecuador para operaciones contra las actividades marítimas ilícitas.
Además, ese personal militar, buques y aeronaves están exonerados de pagar tasas de ingreso por conservación de áreas naturales, cuyo costo también es de USD 200; y la tasa administrativa para ingreso de vehículos a la región insular.
Pero la resolución también contempla que Estados Unidos pueda construir o adecuar espacios en aeropuertos y puertos del Archipiélago que serán usados para ejecutar el proyecto de seguridad; pero no entra en detalles, por ejemplo qué tipo de espacios serán, de qué tamaño, con qué características, o por cuánto tiempo podrán ser usados.
En el caso de operaciones militares, la Dirección del Parque Nacional Galápagos deja claro que está prohibido el uso de armas que puedan poner en riesgo el frágil ecosistema. Si usan submarinos deberán permanecer a flote mientras estén dentro del área protegida y en ningún caso se permitirá la navegación sumergida. Además, los militares podrán desembarcar únicamente en las islas pobladas.
El Ministerio de Defensa tiene tres meses para presentar un informe técnico y un instructivo para aplicar estas disposiciones también en buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que también participarán de las operaciones para enfrentamientos y otros delitos conexos entre los grupos narcoterroristas que se disputan las rutas para el tráfico de drogas.
