La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro tendrá que responder ante la Justicia por las 25 muertes de presos políticos contabilizadas desde el año 2015, tras el reciente fallecimiento del preso político y exgobernador opositor Alfredo Díaz, ocurrido este sábado.
A través de su cuenta oficial en X, la organización denunció que en 26 años el régimen ha convertido las cárceles en centros de tortura, donde se somete a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con aislamientos prolongados, sin acceso a defensa privada y sin atención médica adecuada.
“Por tanto, el Gobierno de Maduro es el responsable de estas muertes”, subrayó la ONG, asegurando además que las personas fallecidas fueron detenidas de forma arbitraria.
El OVP cuestionó públicamente:
“¿En qué Gobierno murieron tantos presos políticos bajo custodia del Estado?”.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos también condenó lo sucedido y denunció la “naturaleza vil del régimen criminal” de Maduro, refiriéndose a la muerte de Alfredo Díaz, quien permanecía detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal”, expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que Díaz murió producto de un infarto, versión que fue previamente reportada por ONG y partidos políticos. Sin embargo, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron que este fallecimiento evidencia un “patrón sostenido de represión estatal”, denunciando que ya son siete los presos políticos fallecidos en prisión tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Ambos dirigentes enfatizaron que la vida e integridad de Díaz eran responsabilidad exclusiva del Estado venezolano y descartaron que su muerte pueda considerarse como un hecho común. González Urrutia señaló que el exgobernador “debió recibir la atención médica que necesitaba, como tantos presos políticos a quienes se les niega un derecho básico”.
Alfredo Díaz, activista del partido opositor Acción Democrática, fue también exconcejal, exalcalde y exgobernador del estado Nueva Esparta. Fue detenido en noviembre de 2024, en medio de la crisis política tras las elecciones presidenciales, que la mayor coalición opositora denunció como fraudulentas, luego de que se anunciara la reelección de Maduro.
Antes de su detención, Díaz había cuestionado públicamente la falta de publicación de los resultados oficiales desglosados y había denunciado la grave crisis eléctrica en el estado Nueva Esparta, situación que el Gobierno atribuyó a supuestos ataques de la oposición.
