El presidente de la República, Daniel Noboa, dio detalles de un plan gubernamental para atacar el delito de extorsión, que afecta especialmente a pequeños empresarios, emprendedores y locales comerciales en diversas zonas del país. Las declaraciones se dieron durante una entrevista radial la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026.
El Ejecutivo ha identificado a las extorsiones como un problema que requiere acciones integrales, combinando tecnología, control de movilidad, participación de agencias internacionales y mejoras institucionales.
Uno de los pilares del plan es la implementación de un sistema con código QR destinado a controlar y proteger a pequeños comercios que suelen ser blanco principal de extorsionadores. Esta tecnología facilitaría un registro constante y permitiría un seguimiento más eficaz de denuncias y alertas.
En materia de movilidad, el presidente anunció la introducción de una “tercera placa” para vehículos, desarrollada con tecnología avanzada (incluido rastreo satelital), que dificultará la falsificación de matrículas y permitirá un mejor control de la circulación de grupos delictivos organizados (GDO). Según Noboa, este tipo de placa funciona como un “tatuaje” en los autos, lo cual es una práctica común en países con sistemas de tránsito más desarrollados.
Noboa también planteó la reforma de la Función Judicial, argumentando que la eficiencia en enjuiciar y procesar casos penalmente es insuficiente: de más de 150 000 detenidos por delitos vinculados al crimen organizado, solo 10 000 han sido procesados, según cifras compartidas por el presidente. Esto evidencia, en su visión, la necesidad de mejorar los procesos judiciales para que la acción policial y las capturas no queden sin consecuencia legal.
Adicionalmente, en su intervención el mandatario destacó el papel de los ministros del Interior (John Reimberg) y de Defensa (Gian Carlo Loffredo), señalando que se han capturado al 85 % de los cabecillas de organizaciones criminales, aunque subrayó que el combate efectivo requiere coordinación tecnológica, judicial y operativa entre las instancias del Estado.
Este anuncio se produce en medio de un ambiente en el que el crimen organizado y la violencia estructural han sido temas recurrentes en la agenda pública ecuatoriana, y donde el gobierno ha impulsado varias estrategias para contrarrestar delitos como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico.
