El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 173, revocando el Código de Ética para la Administración Pública Central de la Función Ejecutiva. Esta decisión, anunciada el 23 de febrero, anula las normas de comportamiento ético que habían sido establecidas por el Decreto 86 del pasado diciembre.
El Código de Ética anteriormente vigente establecía pautas éticas para los funcionarios públicos, incluyendo la prevención del nepotismo y la prohibición de que los familiares de altos cargos recibieran remuneraciones o utilizaran bienes públicos para fines personales.
Además, regulaba el uso del avión presidencial y promovía la transparencia mediante la publicación de agendas presidenciales y declaraciones de prensa trimestrales sobre las actividades de los secretarios de Estado.
A pesar de esta derogación, los servidores del Estado aún están sujetos a las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
El Código de Ética había sido implementado durante el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza y continuado por Daniel Noboa al asumir la presidencia, pero ahora ha sido revocado.
