El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este martes el Decreto Ejecutivo 134, mediante el cual se establece un nuevo estado de excepción en siete provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.

La decisión llega en un contexto de manifestaciones nacionales por la eliminación del subsidio al diésel y a pocas horas de la anunciada “marcha por el agua y en contra de la minería” en Cuenca, que ha convocado a diversos colectivos sociales, indígenas y ambientalistas.

En el documento oficial, el Gobierno justifica la medida bajo la causal de “grave conmoción interna”, señalando que en estas jurisdicciones se ha registrado una mayor concentración de bloqueos en carreteras y ejes viales estratégicos. Según el decreto, las protestas han derivado en la obstaculización del libre tránsito de personas y vehículos, lo que afecta directamente los derechos de los ciudadanos, así como el normal desarrollo de actividades personales, económicas, comerciales y laborales.

El estado de excepción faculta al Ejecutivo a movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden público y restablecer la circulación. También otorga al Gobierno la posibilidad de limitar ciertos derechos constitucionales, como la libertad de reunión y el tránsito, en los territorios declarados bajo esta medida.