El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impulsa una enmienda constitucional que busca reducir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una institución clave en la designación de autoridades de control en el país.
La propuesta plantea modificar el rol del CPCCS, especialmente en su capacidad de nombrar autoridades como el Fiscal General, Contralor y otras figuras de control, una atribución que ha sido duramente cuestionada en los últimos años.
Un debate que no es nuevo
Este intento no es el primero. Durante el gobierno de Lenín Moreno, ya se promovieron cambios al CPCCS a través de una consulta popular en 2018, que derivó en la creación de un consejo transitorio para evaluar a las autoridades designadas.
Posteriormente, el expresidente Guillermo Lasso también planteó reformas para limitar o eliminar las funciones del organismo, aunque sus propuestas no lograron concretarse.
¿Qué busca la reforma?
La iniciativa del actual Gobierno apunta a:
- Reducir el poder de designación del CPCCS
- Reestructurar el sistema de nombramiento de autoridades
- Evitar la politización del organismo
El Ejecutivo considera que el modelo actual ha permitido interferencias políticas en instituciones clave del Estado.
Un organismo bajo cuestionamientos
El CPCCS ha sido objeto de críticas constantes por su funcionamiento y por los conflictos internos que han afectado su estabilidad.
Diversos sectores sostienen que el organismo no ha cumplido con su objetivo de garantizar participación ciudadana, y que su rol en la designación de autoridades ha generado controversia.
Camino constitucional complejo
Para que la enmienda prospere, deberá seguir un proceso que incluye el pronunciamiento de la Corte Constitucional y, eventualmente, una consulta popular.
Esto abre nuevamente el debate sobre el futuro del CPCCS, una institución que ha sido clave en la estructura del Estado ecuatoriano, pero que también ha generado divisiones políticas.
