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La Penitenciaría del Litoral, el centro de reclusión más grande del país, continúa enfrentando una emergencia sanitaria debido a un brote de tuberculosis, enfermedad altamente contagiosa que se ha propagado entre la población recluida. Familias, defensores de derechos humanos y reportes periodísticos han denunciado que la situación está provocando un número elevado de decesos sin signos de violencia, los cuales se presumen como asociados a tuberculosis y condiciones de salud deterioradas.
Desde principios de enero de 2026, las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y los equipos de Policía Nacional han recogido cuerpos de reos en distintos pabellones del penal, cuyos fallecimientos se investigan con autopsias correspondientes, aunque no presentan signos de violencia y se presume que están relacionados con la enfermedad y la desnutrición crónica imperante en la cárcel.
Solo en las primeras semanas de enero se registraron al menos 12 reclusos fallecidos con causas a determinar —presumiblemente tuberculosis o desnutrición— y más recientemente se reportaron 18 reos muertos en 48 horas bajo circunstancias similares, con familiares denunciando demoras de hasta nueve días en la entrega de cadáveres debido a saturación de los servicios médicos y de Criminalística.
El brote de tuberculosis en esta penitenciaría no es un fenómeno aislado de 2026: reportes de finales de 2025 también documentaron episodios de muertes masivas por esta infección y condiciones sanitarias precarias, incluso con siete reos fallecidos en menos de 24 horas en diciembre y múltiples hallazgos de cuerpos sin signos de violencia.
La problemática es agravada por factores estructurales como el hacinamiento, condiciones de insalubridad, limitada atención médica y deficiente suministro de alimentos adecuados, que favorecen la propagación de tuberculosis entre los internos, cuya tasa de infección dentro de las cárceles superaría por mucho a la población general.
Organizaciones de derechos humanos, como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, han señalado que cientos de privados de libertad están infectados o expuestos, y advirtieron sobre la falta de respuestas oficiales efectivas para contener la epidemia y garantizar atención médica adecuada.
Las familias de los reclusos han realizado protestas y acciones legales, exigiendo que se permita el ingreso de medicinas, alimentos y atención médica especializada, además de la implementación urgente de protocolos de contención sanitaria para evitar que más vidas se pierdan dentro del sistema carcelario.
