El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el Gobierno ha presentado más de 21 denuncias contra jueces y fiscales a nivel nacional por presuntamente favorecer la liberación de personas detenidas en operativos contra el crimen organizado.
Las declaraciones se dieron en el contexto de un balance de las acciones de seguridad ejecutadas en varias provincias del país, donde el funcionario cuestionó decisiones judiciales que —según dijo— van en contra de la lucha contra la delincuencia.
Reimberg sostuvo que estas denuncias buscan sancionar a operadores de justicia que no actúan conforme a lo que demanda la ciudadanía en materia de seguridad, e incluso advirtió que quienes incurran en actos de corrupción podrían enfrentar procesos penales y terminar en prisión.
El ministro también indicó que, desde el 1 de enero hasta finales de marzo de 2026, se han registrado más de 17.000 personas detenidas durante operativos del denominado Bloque de Seguridad, en el marco de la ofensiva estatal contra grupos criminales.
Sin embargo, una de las principales preocupaciones del Gobierno es que algunos de estos detenidos recuperan la libertad poco tiempo después, ya sea por medidas sustitutivas o decisiones judiciales, lo que —según el Ejecutivo— debilita los esfuerzos para combatir la inseguridad.
Datos oficiales señalan que estas denuncias han sido presentadas entre 2025 y lo que va de 2026 en distintas provincias del país, donde se han detectado casos de jueces y fiscales que habrían favorecido a presuntos integrantes de organizaciones delictivas.
Las declaraciones se producen en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador, marcada por el accionar de grupos criminales y una creciente presión sobre el sistema judicial para garantizar resultados efectivos en la administración de justicia.