El Ministerio de Defensa del Ecuador, con el acompañamiento de los ministros de Gobierno, Nataly Morillo, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunció la activación de un operativo militar a gran escala para combatir la actividad de minería ilegal en el cantón Sígsig del Azuay.
La intervención fue puesta en marcha por el Bloque de Seguridad y contempla el ingreso de Fuerzas Armadas a zonas con alta presencia de minería informal, específicamente los sectores de Infiernillos, Culebrillas y Santa Bárbara, identificados por inteligencia estatal como puntos estratégicos donde operan actividades ilícitas relacionadas con la extracción de minerales sin controles técnicos ni legales.
Durante la operación, las autoridades realizan labores de recuperación de control territorial, lo que incluye el desplazamiento de contingentes militares, reconocimiento de áreas y supervisión de campamentos mineros. El propósito es interrumpir las actividades de minería ilegal, las cuales, según el Gobierno, generan impactos ambientales significativos y están vinculadas a economías criminales que afectan a comunidades y recursos naturales.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, ha señalado en reuniones previas que la inseguridad en Azuay no solo responde a delincuencia común, sino que está ligada a estructuras del crimen organizado transnacional y a actividades como la minería ilegal, por lo que se han coordinado acciones con autoridades locales y fuerzas de seguridad para reforzar la presencia del Estado en la provincia.
El operativo forma parte de una estrategia continuada del Ejecutivo para enfrentar la minería ilegal en distintas regiones del país, una problemática que ha motivado despliegues de uniformados en varias provincias y acciones combinadas de diferentes organismos estatales.
Hasta el momento no se han difundido cifras oficiales sobre detenciones, incautaciones o maquinaria decomisada durante la operación de Sígsig, aunque las autoridades han mantenido que toda actividad minera ilegal que contamine los recursos hídricos o dañe el medioambiente será considerada un objetivo de intervención militar.
Las labores continúan en terreno, con equipos técnicos y logísticos desplegados para apoyar las tareas de control y garantizar la seguridad de las comunidades aledañas, mientras se coordina con instituciones ambientales para evaluar los efectos de la minería ilegal en la región.
