Radio
La promesa del Gobierno Nacional de restablecer el orden en las cárceles mediante la militarización quedó lejos de cumplirse. Aunque la medida se ejecutó desde enero de 2024, luego de declararse el conflicto armado interno, los hechos de violencia, las muertes y el deterioro sanitario dentro de los centros penitenciarios demostraron un escenario contrario al proyectado.
En julio de ese mismo año, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas advirtió que la intervención militar solo devuelve un control temporal y que la verdadera solución requería una transformación profunda con enfoque en derechos humanos.
Tras 18 meses de la medida, el Ejecutivo retiró a las Fuerzas Armadas del control interno en 30 prisiones. Actualmente, los militares únicamente se mantienen en cinco centros de alta peligrosidad: Esmeraldas, El Rodeo (Manabí), Penitenciaría del Litoral, La Roca y la Regional Guayas.
Para expertos como Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública, el problema radica en que el Estado no ha exigido que el SNAI cumpla sus funciones ni ha ejecutado una reingeniería del sistema penitenciario. “Dos años ya es tiempo suficiente como para haber hecho un rediseño integral. Debe existir un plan de seguridad que establezca claramente qué instituciones enfrentan al crimen organizado”, señaló.
Las cifras respaldan esta crítica: las muertes dentro de las prisiones o bajo custodia pasaron de 321 en 2024 a 760 en 2025, un incremento del 137 %, según datos del SNAI.
Crisis sanitaria y denuncias de abusos
Organizaciones de derechos humanos señalan que la crisis sanitaria se agravó desde que militares asumieron tareas como la entrega de alimentos y el control del acceso a la atención médica, desplazando a personal especializado del Ministerio de Salud y del propio SNAI.
Clara Freile, del Observatorio de Tuberculosis de Ecuador, describió condiciones alarmantes: falta de colchones, ropa adecuada, hacinamiento, brotes de sarna, alcantarillado colapsado y escasez de artículos básicos de higiene.
La Defensoría del Pueblo, tras una visita técnica avalada por un juez, recogió en un informe denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes atribuidos a uniformados que habrían ingresado a las celdas durante el control militar.
Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue más allá: “Hemos involucrado a Fuerzas Armadas en dinámicas de corrupción. Ahora tenemos otra institución que permite el ingreso de droga y armas”.
Entre 2024 y 2025, 66 miembros de las Fuerzas Armadas fueron procesados por delitos cometidos dentro de los centros penitenciarios, entre ellos ingreso de objetos prohibidos y facilitación de fugas.
