Radio
En la mañana del jueves 22 de enero, un grupo de militares realizó un operativo de control de armamento, municiones y explosivos en una empresa de seguridad privada ubicada en la ciudadela Kennedy, al norte de la ciudad.
La intervención, ejecutada sobre la calle Doctor Luis Orrantia, se centró en revisar el arsenal registrado en las instalaciones de la compañía de seguridad, como parte de las acciones de verificación de cumplimiento de normas y control de armas por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Durante el procedimiento, las autoridades verificaron un total de 23 armas de fuego. De ese inventario, 10 presentaban “novedades administrativas” pues, a pesar de contar con permisos, estos se encontraban caducados. Además, una de las pistolas estaba reportada como robada, según el sistema de control oficial, y dos revólveres carecían de la documentación correspondiente, lo que representa presuntas irregularidades en la tenencia legal del armamento.
Las Fuerzas Armadas retuvieron a tres personas, quienes fueron entregadas a la Policía Judicial para que esta entidad ejecute los procedimientos de ley y profundice las investigaciones sobre las irregularidades detectadas en la empresa de seguridad privada.
El operativo se inscribe en la línea de acciones que han venido desarrollando las autoridades ecuatorianas para enfrentar la tenencia y tráfico irregular de armas de fuego, en un contexto donde incautaciones de armamento en inmuebles, empresas o redes vinculadas con seguridad privada han sido parte de investigaciones recientes en Guayaquil. Por ejemplo, semanas atrás la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco personas por tráfico ilícito de armas en un allanamiento en la ciudadela Kennedy, donde se incautaron más de 200 armas de fuego, muchas con números de serie alterados o sin registros válidos, dentro de un inmueble también vinculado a una empresa de seguridad privada.
Este tipo de acciones forman parte de un esfuerzo institucional más amplio por controlar el armamento que circula fuera del marco legal, dado que la presencia de armas robadas o con documentación irregular es un factor que incide en la comisión de delitos graves a nivel local y urbano en zonas con alta conflictividad.
