La posibilidad de activar un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa ha regresado al debate público en Ecuador, en medio de reclamos de organizaciones sociales por temas como la inseguridad y la situación económica actual.

Hasta ahora, no existe ninguna solicitud formal en trámite ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar este procedimiento, pero varios sectores, como la Ecuarunari, la Fenocin y figuras de partidos políticos —incluyendo el correísmo— han hecho llamados públicos o mencionado la posibilidad de activarlo.

La revocatoria de mandato es un mecanismo contemplado en la Constitución y en el Código de la Democracia que permite a la ciudadanía pedir la destitución de un funcionario de elección popular antes de que culmine su periodo, siempre que se cumplan requisitos legales como el cumplimiento de al menos un año de gestión —lo que para Noboa ocurriría el 24 de mayo de 2026— y la recolección del número de firmas exigido.

Para que el proceso avance formalmente, quienes promueven la revocatoria tendrían que presentar ante el CNE el pedido una vez que Noboa haya cumplido el año en funciones y, si es admitido, recolectar aproximadamente el 15 % del padrón electoral nacional —equivalente a cerca de dos millones de firmas— en un plazo de seis meses.

Históricamente, el uso de este mecanismo contra presidentes ecuatorianos ha sido difícil de concretar. Durante el gobierno de Rafael Correa se intentaron varios procesos de revocatoria en 2010 y 2015, pero ninguno avanzó más allá de etapas iniciales porque no se completaron los requisitos formales ni la recolección de firmas necesarias, y el CNE terminó archivándolos.

Del mismo modo, intentos posteriores contra Lenín Moreno y Guillermo Lasso enfrentaron problemas similares y no culminaron en consultas populares ni destituciones. Esto ha llevado a que, pese al interés político y mediático que generan estos anuncios, la revocatoria presidencial en Ecuador sea vista como un mecanismo complejo y con baja probabilidad de concretarse rápidamente.

En el caso de Noboa, aún resta por ver si los sectores que han mencionado la revocatoria lograrán consolidar una iniciativa formal que cumpla con los requisitos legales y organizativos, o si este nuevo debate se mantendrá como una herramienta de presión política más que como un proceso efectivo de control ciudadano.