Una investigación realizada por la Universidad Central del Ecuador (UCE) determinó que las masacres registradas en el país responden, en gran medida, a dinámicas de criminalidad local, y no exclusivamente a la operación de mafias internacionales vinculadas al narcotráfico.
El estudio, desarrollado por el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, señala que este tipo de violencia ocurre con mayor frecuencia en ciudades como Guayaquil y Durán, donde se concentran ataques armados contra tres o más personas, especialmente durante los fines de semana.
Según el análisis, en los últimos 11 años se han registrado más de 38 000 homicidios intencionales en Ecuador. Sin embargo, apenas el 27 % de estos casos guarda relación directa con el tráfico de drogas, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.
El investigador de la UCE, Luis Córdova, explicó que estas muertes múltiples no siempre están asociadas al crimen organizado transnacional. “No tienen que ver con las grandes mafias internacionales, sino con criminalidad común y con un mercado de armas expansivo que no tiene control en el país. Para frenar esta reproducción de la violencia se requiere algo inmediato e inminente: desarmar a la sociedad”, afirmó.
De acuerdo con el Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, durante 2024 se registraron 774 masacres, mientras que entre enero y septiembre de este año ya se contabilizan 778 casos, lo que evidencia una tendencia creciente de este fenómeno.
La investigación también concluye que Guayaquil y Durán son las ciudades más vulnerables a este tipo de asesinatos múltiples, debido a que estructuras criminales locales, al no lograr desarrollar nuevos mecanismos de rentabilidad económica, buscan expandir sus operaciones ilícitas mediante disputas territoriales.
“Las zonas donde recrudecen estos eventos son territorios con mayores niveles de empobrecimiento, lo que agrava las condiciones sociales y facilita la reproducción de la violencia”, añadió Córdova.
El informe advierte que esta modalidad criminal no da tregua y continúa expandiéndose en el territorio nacional, consolidándose como uno de los principales desafíos en materia de seguridad para el Estado ecuatoriano.
