Más de 6,000 casos de violencia sexual en el ámbito escolar se han denunciado en Ecuador en la última década, informó este miércoles 24 de julio Human Rights Watch (HRW), que denunció lentos avances para que las víctimas alcancen justicia.
«La violencia sexual sigue siendo endémica en las instituciones educativas de Ecuador», señala la oenegé en un comunicado.
«Muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos» por las autoridades, agrega el boletín.
De acuerdo con HRW, en la última década se han denunciado 6 438 casos de violencia sexual perpetrados por profesores, autoridades escolares, conserjes, estudiantes y otros actores del ámbito educativo. El número de víctimas es aún superior. El organismo precisa que son 7 303 niños, niñas y adolescentes.
Solo entre enero de 2020 y junio de 2024 hubo 2 827 casos denunciados, reporta HRW.
Adicionalmente, el organismo informa que entre 2014 y 2024 hubo 78 denuncias de abuso sexual por parte de conductores de transporte escolar.
«Los obstáculos para denunciar y el interés en proteger la reputación de las instituciones educativas por encima del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, resultan en un significativo subregistro de denuncias», agrega la institución.
Katherine La Puente, coordinadora de derechos del niño de HRW, señaló que «las medidas de respuesta y prevención de Ecuador no están a la altura» para atender la violencia sexual en el entorno educativo.
«Ecuador debe poner fin a la impunidad y a los comportamientos cómplices que someten a miles de niños a abusos», añadió La Puente, citada en el comunicado.
En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado ecuatoriano a reconocer su responsabilidad por atentar contra los derechos humanos de Paola Guzmán Albarracín, quien se suicidó tras haber sido violada por una autoridad escolar, en un caso ocurrido en 2001.
Guzmán sufrió desde los 14 años abusos sistemáticos por parte de Bolívar Espín, vicerrector del colegio público al que asistía. Aunque la justicia ordenó su detención en 2003, el hombre huyó y nunca compareció ante un tribunal.
En 2008 la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal contra Espín.
