La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reanudó este domingo la sesión en la que se sigue el juicio político contra Mario Godoy Naranjo, titular del Consejo de la Judicatura, por presunto incumplimiento de funciones y vulneración de la independencia judicial relacionados con la supuesta presión a un juez anticorrupción.

El cuestionamiento central apunta a presuntas presiones indebidas en contra del juez Carlos Serrano, quien estuvo al frente del caso “Euro 2024” que condenó al ciudadano serbio Jezdimir Srdan por lavado de activos. Serrano señaló a la comisión que, tras esta sentencia, recibió amenazas y careció de respaldo institucional para garantizar su seguridad, lo que lo llevó incluso al exilio por riesgo a su vida.

En este quinto día de sustanciación del juicio, Godoy presentó su defensa y documentos que, según él, demuestran que desde la Dirección General del Consejo de la Judicatura se gestionó —a través del entonces ministro del Interior, John Reimberg— la provisión de seguridad para Serrano, y que incluso se le autorizó teletrabajo para su protección.

El proceso fue iniciado tras la calificación del pedido de juicio político por la Comisión de Fiscalización el 15 de enero, luego de que varios asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana presentaran las denuncias formales por presunta vulneración del principio de independencia judicial, entre otras causales. La petición había sido recibida y admitida a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) previamente en enero.

Durante la etapa de recepción de pruebas testimoniales, la Comisión escuchó a distintos actores del sistema judicial, incluyendo testimonios de jueces como Carlos Serrano y Christian Fierro, quienes relataron presuntas irregularidades y presiones vinculadas a este caso de alto perfil.

El juicio político ha generado debate político y mediático en Ecuador, con posiciones encontradas entre legisladores, actores judiciales y distintos sectores políticos. Parte de la controversia también se relaciona con hechos previos, como investigaciones abiertas por la Fiscalía contra Godoy por otros presuntos delitos vinculados a su gestión.

La Comisión de Fiscalización continuará con la evaluación de pruebas de cargo y de descargo presentadas por las partes, antes de elaborar un informe que recomendará al Pleno de la Asamblea Nacional si procede o no la destitución de Godoy, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa constitucional y legal.