La Fiscalía General del Estado confirmó que el ex-presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, actualmente destituido del cargo por la Asamblea Nacional, es sujeto de dos investigaciones penales que se tramitan en etapas previas bajo reserva.
El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, confirmó que ambas indagaciones están centradas en presunto tráfico de influencias, aunque una de ellas tiene un alcance más amplio y es procesada por fuero de Corte Nacional, donde además se indaga posibles delitos como delincuencia organizada, fraude procesal e intimidación.
Una de las investigaciones surgió a partir de una denuncia del ex-diputado Jorge Moreno, quien aseguró que Godoy habría llegado a la presidencia del CJ “en medio de irregularidades”. Según la denuncia, el exfuncionario habría operado desde su cargo junto con otras personas —incluyendo a su esposa— una supuesta estructura para obtener beneficios económicos o influir en decisiones judiciales.
La segunda línea de investigación también se vincula al caso en el que se investigan presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano. En este expediente, que permanece bajo reserva por tratarse de una etapa preliminar, la Fiscalía investiga la posible participación de Godoy junto con otras personas en hechos relacionados con presuntas interferencias en procesos judiciales.
El fiscal Alarcón aseguró que estos procesos se mantienen en fase de investigación y que solo cuando existan suficientes elementos de convicción se procederá con la formulación de cargos o acciones judiciales concretas, todo dentro del marco legal establecido.
La destitución de Godoy por parte de la Asamblea Nacional se produjo el 18 de febrero de 2026 tras un juicio político impulsado por múltiples sectores que cuestionaron su gestión en la Judicatura. Este proceso incluyó debates sobre la administración de la institución responsable de la administración y disciplina de la Función Judicial en el país.
Godoy negó la participación en irregularidades relacionadas con el caso del juez Serrano y afirmó que no tuvo conocimiento de los hechos antes de que se hicieran públicos, señalando que actuó conforme a la ley. No obstante, la Fiscalía continúa con sus indagaciones bajo reserva hasta contar con evidencias suficientes para avanzar a fases procesales posteriores.
