El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, aseguró que su permanencia al frente de este organismo resulta incómoda para la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), sector político que impulsa un juicio político en su contra.
Godoy compareció este lunes 5 de enero de 2025 ante el pleno de la Asamblea Nacional, en una sesión extraordinaria, convocada tras las alertas emitidas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presuntas amenazas y presiones para resolver un caso penal por lavado de activos, proceso en el que fue condenado a 10 años de prisión el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
El titular de la Judicatura arribó al Palacio Legislativo pasadas las 12:00 y inició su exposición a las 12:40. Durante la primera hora de intervención, Godoy rechazó de forma categórica los señalamientos en su contra y afirmó que “el relato que se ha montado es una farsa”.
A criterio del funcionario, los cuestionamientos responden a que su gestión afecta intereses políticos, especialmente de legisladores del correísmo, quienes —según dijo— se habrían beneficiado de fallos judiciales favorables.
“Aquí no hay conflicto de intereses del presidente de la Judicatura; lo que hay es un interés de ciertos grupos políticos en tomarse la justicia para repartir impunidad”, enfatizó Godoy ante los asambleístas.
El presidente del CJ calificó las denuncias del juez Serrano como parte de una “narrativa creada y montada por ciertos medios y actores políticos”, que —aseguró— carece de elementos fácticos y documentales, y que busca generar un linchamiento mediático, no solo contra él, sino también contra su familia.
Durante su exposición, Godoy presentó una cronología de los hechos relacionados con el juez Serrano y sostuvo que se trata de un asunto estrictamente administrativo y no político. Defendió además que, desde la Judicatura, se actuó conforme a la ley y aclaró que no tiene competencia directa para gestionar la seguridad de los funcionarios judiciales.
En ese contexto, recordó que desde el inicio de su administración, 26 funcionarios judiciales han sido sancionados, varios de ellos vinculados a los casos Metástasis, Purga y Plaga.
“Eso es lo que les incomoda”, afirmó Godoy, al señalar que estos procesos evidenciaron beneficios judiciales otorgados a personas vinculadas a la bancada de la Revolución Ciudadana, por lo que pidió explicaciones directas a ese sector político.
“¿A quién beneficia esto? ¿Qué hay detrás de esta trama?”, cuestionó finalmente el titular del Consejo de la Judicatura ante el pleno legislativo.
