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El Gobierno Nacional oficializó la designación de Luis Darío Villacrés como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), decisión que generó críticas y cuestionamientos públicos por parte de diversos sectores tras la difusión de un certificado del Ministerio de Trabajo que indicaba un impedimento para ejercer cargos públicos debido a una supuesta deuda patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El documento que motivó controversia fue emitido con fecha 6 de febrero de 2026, varios días después de que Villacrés asumiera el cargo, lo que provocó comparaciones con procesos fallidos de designación de autoridades en otras instituciones del Estado.
Frente a las críticas, la ANT aclaró en un mensaje institucional que Villacrés contaba con la documentación habilitante para su nombramiento, incluyendo un certificado de no impedimento para ejercer cargos públicos con fecha 3 de febrero, así como un certificado de cumplimiento de obligaciones patronales frente al IESS, lo que, según la agencia, demostraba que no tenía obligaciones en mora al momento de su designación.
La institución agregó que los depósitos realizados para saldar cualquier obligación con el IESS se reflejarían en la conciliación bancaria en un plazo máximo de 48 horas, subsanando así eventuales inconsistencias administrativas que habían sido objeto de discusión pública.
Esta designación ocurre en el contexto de una intervención más amplia de la ANT, que fue intervenida por presuntos actos de corrupción que mantienen procesados al anterior director ejecutivo, Pedro Abril, y a otras nueve personas, como parte de investigaciones por posible delincuencia organizada dentro de la entidad.
Tras el nombramiento de Villacrés, la ANT ha iniciado un proceso de reactivación de servicios y depuración interna, incluyendo la habilitación progresiva de trámites para la ciudadanía en su matriz de Quito y la reanudación de servicios básicos tras cierres por cuestionamientos a la gestión anterior.
La reacción de distintos grupos ciudadanos y redes sociales ha reflejado preocupación por la transparencia y cumplimiento de requisitos legales en la designación de autoridades públicas, un debate que también ha incluido referencias a nombramientos previos en otras instituciones del Estado, y que podría tener implicaciones políticas y administrativas en los próximos días.
