Radio
La solicitud de juicio político contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Gonzalo Albán, así como la presentada contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, están a la espera de ser calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberá analizar si cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse este viernes para analizar la primera solicitud de juicio político presentada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana Gonzalo Albán. La iniciativa, impulsada por el asambleísta Keevin Gallardo, cuenta con al menos 44 firmas de respaldo, cuya acusación tiene relación con incurrir en la prohibición al ser afiliado o adherente a una organización política durante los últimos cinco años antes de su elección y desafiliarse el 2 de junio de 2022.
En tanto que el proceso contra la ministra Inés Manzano fue ingresado a la secretaría de la Asamblea Nacional este 31 de julio y lo motivan los legisladores Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna, quienes acusan de incumplimiento de funciones en el caso Progen, relacionado con irregularidades en la contratación de la empresa para construir las centrales El Salitral de 100 megavatios (MW) y Quevedo de 50 MW, pero que la Contraloría del Estado detectó indicios de responsabilidad penal.
Acusaciones juicio a Gonzalo Albán
El juicio político presentado por el asambleísta Keevin Gallardo en contra del consejero Gonzalo Albán se acoge al voto salvado emitido por la jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Patricia Guaicha Rivera, dentro de la causa n.º 186-2022, a través del cual la juzgadora llega a la conclusión de que Gonzalo Albán Molestina no desvirtuó jamás no estar inmerso en la prohibición del artículo 21, numeral 8, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y artículo 7, numeral 8, del Instructivo que establecen como requisito para ser candidato a consejero del CPCCS, esto es, no ser adherente a una organización política en los últimos cinco años; pues, de la certificación otorgada por el secretario encargado de la Delegación Electoral del Guayas, solo se establece que Albán Molestina no constaba registrado como director de una organización política y tampoco había desempeñado cargo público; sin embargo, se habría omitido dar información respecto de la filiación de este a una organización política. En consecuencia, se determinó que la información que en su momento el TCE solicitó, se incorporó al expediente de manera incompleta.
El consejero Gonzalo Albán dijo que es preocupante que el control político de la Asamblea Nacional vaya sobre sentencias de la Función Electoral cuando hay una decisión tomada por el Tribunal Contencioso Electoral que no puede ser revisada porque es de última instancia, pues resolvió revocar las decisiones emitidas por el CNE y, en consecuencia, permitir su postulación como consejero.
En su momento, añadió Albán, presentó sus descargos ante el TCE de que muchos ciudadanos fueron inscritos a partidos políticos en donde se falsificaban firmas o se tomaban nombres para poder conformarlos, y en la sentencia está detallada. Jamás estuvo afiliado a ningún partido político, recalcó.
Cuestionó que este juicio político se sustente en un voto salvado y no en la sentencia emitida por el TCE, y no hay cómo volver a revisar una decisión tomada por una institución, lo cual es un sinsentido, apuntó.
Acusaciones a ministra Inés Manzano
El juicio político en contra de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano Díaz, lo respaldan los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC), y la acusación tiene relación con un supuesto incumplimiento de funciones en la contratación de Progen, que le costó al Estado $ 150 millones y cuyo proceso fue observado por la Contraloría General del Estado.
Según los legisladores Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna, la ministra Manzano tiene responsabilidad política en la contratación de Progen y tiene que ser destituida y censurada por la Asamblea Nacional.
La bancada RC tomó como prueba el informe de las irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado a los contratos que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) firmó con las empresas Progen y ATM.
Progen fue contratada para construir las centrales El Salitral de 100 megavatios (MW) y Quevedo de 50 MW; mientras que ATM, para levantar la planta Esmeraldas III de 91 MW. Los contratos con las dos empresas fueron firmados en agosto del 2024 durante la declaratoria de emergencia del sector eléctrico.
