La reciente Ley de los GAD, que reformó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para establecer nuevas reglas sobre el uso de recursos de municipios, prefecturas y juntas parroquiales, ha encendido un intenso debate y una ola de anuncios de demandas de inconstitucionalidad que se presentarán ante la Corte Constitucional.
La normativa fue aprobada por la Asamblea Nacional con 77 votos a favor y enviada por el presidente Daniel Noboa al Registro Oficial, donde fue publicada sin observaciones, por lo que entró en vigor. La reforma obliga a los GAD a destinar al menos el 70 % de su presupuesto anual a gasto no permanente —interpretado como inversión en obras públicas y servicios básicos— dejando el 30 % restante para gasto corriente, como sueldos y funcionamiento administrativo.Principales críticas y motivos de las demandas:
Vulneración de la autonomía local: Alcaldes, prefectos y autoridades seccionales sostienen que la ley reduce la autonomía financiera y de gestión de los gobiernos locales al imponer porcentajes rígidos de gasto.
Falta de participación ciudadana: Grupos opositores argumentan que la normativa fue aprobada sin la debida socialización ni consulta con los GAD y la sociedad civil, violando principios de participación democrática.
Riesgos operativos: Autoridades como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señalan que la ley podría afectar programas sociales, educación, cultura y deporte locales al limitar el uso de recursos.
📣 Quienes han anunciado demandas:
Desde partidos políticos como Revolución Ciudadana y movimientos como Pachakutik, hasta alcaldes, prefectos, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras organizaciones sociales y gremiales, han confirmado que presentarán acciones legales ante la Corte Constitucional en defensa de la descentralización y la autonomía territorial.
Estas demandas buscan que el máximo tribunal analice si la nueva normativa se ajusta a la Constitución, particularmente en lo que respecta a la autonomía financiera de los gobiernos locales y la participación en la elaboración de leyes que afectan sus competencias.
El Gobierno, por su parte, ha respondido que la reforma fue redactada tomando en cuenta criterios constitucionales y recurriendo a asesoría legal para evitar que la ley sea declarada inconstitucional, aunque la polémica sigue abierta en el ámbito político y jurídico.
