La Fiscalía pisó el acelerador en el caso Sinohydro. Pero el abogado de Lenín Moreno pide ir con más calma. El lunes 27 de febrero en la noche solicitó diferir la audiencia de formulación de cargos prevista para el jueves 2 de marzo, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
Sus argumentos son tres: que su cliente tiene derecho a ser asistido por un abogado de confianza, que él aún no ha podido acceder al expediente, el cual tiene 298 cuerpos, y tercero, que ese mismo jueves tiene otras dos audiencias programadas desde hace meses.
Para Roberto Calderón, analista jurídico y político, con la formulación de cargos hay dos escenarios que deben enfrentar los 37 sospechosos.
El primero será debatir sobre las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía. Según el Código Integral Penal, hay seis tipos de medidas cautelares: prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante alguna autoridad, el uso de un grillete electrónico, arresto domiciliario, detención y finalmente prisión preventiva.
Meza adelantó que peleará ante el juez para que no se dicte ninguna medida cautelar en contra de Lenín Moreno.
Su criterio es que el delito de cohecho se puede juzgar en ausencia, por lo tanto no se requiere de la presencia del expresidente para que la causa avance.
“Es de conocimiento público que el exvicepresidente tiene una discapacidad de más del 70%, que su esposa es quien lo asiste y que él tiene una labor a favor de las discapacidades encomendada por la Organización de Estados Americanos. Todo eso vamos a poner en conocimiento del juez”, dijo.
El segundo escenario es sobre las medidas de carácter real, estas son, por ejemplo, la incautación de bienes, prohibición de enajenación o retención de los fondos de los procesados. La finalidad es, en teoría, garantizar una reparación para el Estado, en caso de comprobarse los hechos y llegar a una sentencia.
La Fiscalía ha señalado que tiene un caso “contundente”, que los elementos recabados en estos casi cuatro años le permitirán conseguir una condena y que el monto del presunto cohecho son 76 millones de dólares, cuyos beneficiarios fueron Moreno y su círculo íntimo.
“Sobre el expresidente Moreno, por tener su lugar de residencia fuera del país, no tendría efecto una orden de prisión preventiva, salvo que sea requerido en extradición”, explicó Calderón. Su esposa, hija y otros familiares también abandonaron el país años atrás.
Cohecho. La ley penal sanciona de igual forma a quien entrega el soborno y quien recibe. Es imprescriptible y permite juzgar incluso en ausencia.
