La situación energética en Ecuador ha generado un nuevo conflicto político en la Asamblea Nacional, donde sectores de la oposición denuncian un bloqueo del oficialismo para fiscalizar los recientes cortes de energía en el país.

Legisladores opositores consideran que la crisis eléctrica, evidenciada en apagones registrados en ciudades como Quito y Guayaquil, requiere explicaciones urgentes por parte de las autoridades del sector.

Reclamos por falta de información

Desde la oposición se ha cuestionado la falta de acceso a información clave. Según el asambleísta Blasco Luna, los pedidos realizados al Ministerio de Energía no han sido atendidos.

Incluso, aseguró que la respuesta oficial ha sido que ciertos datos son “clasificados”, lo que limita el proceso de fiscalización.

Por su parte, otros legisladores han solicitado la comparecencia de la ministra del área para que explique públicamente lo que ocurre con el sistema eléctrico nacional.

Postura del oficialismo

Desde el bloque oficialista se rechazan las acusaciones y se asegura que el Gobierno sí ha dado respuestas sobre la situación energética.

Además, sostienen que los problemas actuales no están en la generación eléctrica, sino en la distribución, afectada por factores como las altas temperaturas en el país.

También destacan cambios en autoridades del sector eléctrico como parte de las acciones para enfrentar la crisis.

Fiscalización estancada

La oposición señala que existen antecedentes de falta de control político en temas energéticos.

Por ejemplo, recuerdan que un informe relacionado con contratos y gestión del sector no fue llevado al pleno para su debate, y que incluso un intento de juicio político contra la ministra de Energía fue archivado antes de avanzar.

Contexto de crisis energética

El debate se da en medio de una situación energética compleja que arrastra problemas desde años anteriores, con episodios de cortes eléctricos que han afectado a distintas ciudades del país.

Frente a esto, los legisladores opositores insisten en que la Asamblea debe cumplir su rol de control político, mientras el oficialismo asegura que sí existen mecanismos para tratar el tema dentro del Legislativo.