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Distintas organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos de Ecuador exigieron este lunes eliminar la modificación del Código de la Niñez, contemplada en el proyecto de Ley de Integridad Pública, que equipara los delitos graves cometidos por menores de edad a los ejecutados por adultos.
Entre los firmantes se encuentran la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la Red Nacional de Organizaciones por la Sociedad Civil, la Fundación Cambiando Vidas y el Foro Salud Pública Ecuador, entre otros.
«Se pretende una inadmisible regresión de derechos al tratar de igualar el régimen penal de adolescentes con el de adultos, sin considerar su condición de sujetos en desarrollo», declaró el comuniado conjunto.
Por ello, solicitaron que dichas reformas se excluyan del proyecto de ley y que se respeten «estrictamente» los principios constitucionales, la «legislación nacional» y «el sistema de justicia penal juvenil».
El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional (Parlamento) el pasado domingo y, este martes, será debatido de nuevo en el pleno del Legislativo ecuatoriano.
Andrés Castillo Maldonado, asambleísta oficialista, fue uno de los principales defensores de la medida al señalar que «es necesario implementar sanciones contra menores de edad que cometen delitos graves».
«Los delincuentes [adolescentes] son detenidos y el juez les procesa con las garantías de menores de edad. La consecuencia es que la mafia utiliza a los jóvenes como carne de cañón», explicó a las puertas del hemiciclo.
Castillo añadió que los adolescentes condenados podrían reducir sus penas si colaboran con las investigaciones de las autoridades.
El año pasado fueron más de 3 500 los menores detenidos en Ecuador por presuntas actividades criminales, según confirmó el ministro del Interior, John Reimber, la semana pasada en una entrevista con EFE.
Principales críticas
La principal crítica de las organizaciones contrarias a la medida radica en que «se criminaliza perversamente a la adolescencia» cuando, en realidad, los menores en conflicto con la ley «representan menos del 2 % de la población penitenciaria total».
Además, mantienen que va en contra del recién creado Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, señalando que endurecer las penas y los reclutamientos forzados no ataca el problema estructural del fenómeno.
El Código de la Niñez vigente limita el internamiento preventivo a un máximo de 90 días, mientras que el nuevo proyecto de ley baraja una ampliación de hasta 180 días.
También argumentan que vulnera el principio constitucional de unidad materia, que establece que un proyecto de ley debe centrarse en un solo tema. Además vulnera instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.
«La niñez no puede ser el blanco de medidas improvisadas, inconstitucionales y discriminatorias, mucho menos de manipulación mediática y populismos en nombre de obtener aprobaciones o adhesiones temporales», concluyeron las organizaciones.
