La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron la madrugada del 28 de enero de 2026 una serie de allanamientos en cuatro inmuebles —tres en Pichincha y uno en Guayas— como parte de la investigación denominada Caso Caja Chica, que busca determinar si hubo un esquema de financiamiento irregular con dinero en efectivo, presuntamente proveniente de Venezuela, para la campaña electoral de la Revolución Ciudadana en 2023.
Entre los domicilios intervenidos figura la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González, quien fue objeto del operativo junto a otros líderes y colaboradores de su movimiento político, incluidos el expresidente Rafael Correa, el excandidato presidencial Andrés Arauz, la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, el exministro Patricio Rivera, el asambleísta Patricio Chávez y Fausto Herrera.
Acusaciones y diligencias
La Fiscalía comunicó que la investigación se sustenta en la presunción de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, bajo la hipótesis de que fondos en efectivo —fuera de los mecanismos formales de financiamiento electoral— habrían ingresado a Ecuador desde territorio venezolano para apoyar la campaña del binomio González-Arauz en las elecciones anticipadas de 2023.
Durante los allanamientos se incautaron equipos electrónicos, documentos, teléfonos celulares y otros indicios que forman parte del análisis pericial para determinar posibles vínculos financieros y trazabilidad de los recursos bajo investigación.
Respuesta de Luisa González y su movimiento
En una rueda de prensa tras los allanamientos, **Luisa González negó de manera enfática que ella o la Revolución Ciudadana (RC) hayan recibido “ni un centavo” ni de Venezuela, ni del llamado Cartel de los Soles, ni de ninguna otra fuente ilícita para financiar su campaña. Calificó las diligencias como una “persecución política” y sostuvo que la investigación no se basa en hechos concretos.
Aseguró que ella y su movimiento siempre han cumplido con los requisitos de reporte de financiamiento y que no han sido objeto de irregularidades formales en sus informes de campaña, aunque las autoridades electoral, judicial y legislativa continúan sus análisis en paralelo.
Otros frentes de escrutinio
El caso Caja Chica se suma a otras investigaciones y procesos que han puesto bajo presión política y legal a la Revolución Ciudadana:
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) evalúa denuncias sobre la justificación de aportes de campaña basadas en informes del Consejo Nacional Electoral (CNE), que señalaba posibles omisiones en la rendición de cuentas por cerca de USD 6 400.
En la Asamblea Nacional, la bancada de Gobierno aprobó que la Comisión de Transparencia fiscalice cuentas de campaña de la RC, ante lo que consideran falta de claridad en el origen de fondos.
Repercusiones políticas
El caso ha generado reacciones encontradas entre el oficialismo y la oposición. Sus detractores señalan que la permeabilidad de dinero extranjero en campañas es un riesgo para la soberanía electoral, mientras que simpatizantes de la RC lo ven como un intento de descalificar al movimiento en un contexto de renovación política.
El proceso judicial, electoral y político seguirá su curso a medida que se profundicen las diligencias fiscales, se analicen las pruebas obtenidas y se definan posibles responsabilidades en los próximos meses.
