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Más medidas con resultados inciertos. Pese al nuevo esfuerzo del régimen del presidente Guillermo Lasso de frentear la creciente ola de inseguridad con la declaratoria del terrorismo como una amenaza latente para el Estado ecuatoriano, las dudas de su efectividad (como en otras decisiones lideradas por el mandatario) vuelven a surgir por las fallas aún vigentes en el resto de eslabones de la cadena de instituciones públicas que buscan imponer la paz y el orden.
Estos viejos y ya conocidos problemas de las entidades, a criterio de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pasan por la falta de compromisos serios por parte de las cabezas de las diferentes instituciones que están involucradas en poder garantizar la paz para los ecuatorianos. “Las medidas tomadas (en el ámbito de seguridad) apenas son un paso de todo lo que se debe hacer y que también compete al resto de funciones del Estado”, sostiene y destaca que, de una vez por todas, deben haber compromisos y acciones.
Acuerdos a los que se supone las autoridades de las diferentes funciones del Estado ya han llegado en los varios intentos de la búsqueda de consensos y de trazar un plan de trabajo. Uno de los últimos lo lideró la Corte Nacional de Justicia, donde el 12 de abril pasado las cabezas de las distintas funciones, cada una desde el ámbito de sus competencias, una vez más, hablaron de los pendientes, pero sin objetivos de cumplimiento.
Juan Zapata, ministro del Interior, pese a la insistencia de este Diario, se excusó por estar en su rendición de cuentas; mientras que la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad aún no responden a la inquietud planteada a través de los canales institucionales solicitados.
La cartera de Inclusión se limitó a decir que ellos entregan bonos a quienes están en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, según se vaya actualizando el Registro Social vigente. Además, indicó que esto no distingue a personas rehabilitadas o si han cumplido sus penas.
Por su parte, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, señala que parte de su trabajo ha estado enfocado en unificar esfuerzos con las otras instituciones mediante mesas técnicas, como la entablada el 4 de mayo pasado con Wagner Bravo, flamante secretario de Seguridad; Paco Moncayo, consejero de Gobierno; y la plana de jueces anticorrupción.
Luego de enlistar una serie de resultados y acuerdos que han salido de dichas mesas técnicas, Saquicela precisa que, pese al trabajo realizado, no pueden asumir las responsabilidades exclusivas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “No tenemos esa atribución y es importante. No es un lavado de manos ni mucho menos, sino decir que los jueces no prevenimos delitos, sino que actuamos cuando ya están cometidos”.
Esto, según Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, es un discurso que se viene arrastrando, pero que no encuentra soluciones. “La justicia, la Policía y la Asamblea están cada uno por su lado. No se ha logrado cohesionar un trabajo conjunto. De qué sirve que se atrapen delincuentes si la justicia los libera, por ejemplo”, sostiene el legislador.
Asimismo, según defiende, el Legislativo, en especial la comisión que preside, sí ha cumplido con sus compromisos y ha brindado herramientas para la lucha contra la inseguridad. Por ejemplo, destaca que 11 leyes han sido reformadas, tres fueron creadas y siguen tramitando más de una veintena de proyectos normativos. Sin embargo, sostiene que la falta de compromiso está en otro lado.
“Para generar las leyes que hemos hecho, casi que nos ha tocado que obligar a los representantes de las instituciones públicas a que vengan. No les gusta. Son pocas las que vienen y tiene la preocupación de sentarse a trabajar técnicamente en la construcción de las leyes que necesitamos”, dice el legislador de Izquierda Democrática y da un ejemplo de la falta de compromiso del Ejecutivo.
Según continúa, desde que entró en vigencia la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza en agosto de 2022, no se ha expedido el reglamento y, según señala Narváez, tampoco ha sido socializada con los miembros de la Policía Nacional. “Las mesas y los compromisos deben ser técnicos, e ir más allá de una simple foto o mandar un mensaje de voluntad. Hay que demostrar el trabajo”, añade.
Lectura que no comparte el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y señala que “yo sí encuentro compromiso en las mesas interinstitucionales por la seguridad. Hay una preocupación de todas las autoridades del Estado de trabajar en enfrentar la criminalidad. No es posible que exista un crimen organizado y un Estado desorganizado”.
Asimismo, Saquicela sostiene que, más allá de las pugnas que puedan existir entre las autoridades de las diferentes funciones del Estado, lo que debe primar es el mantenimiento de la unidad y la coordinación de acciones “para emprender una cruzada histórica en favor de los ecuatorianos que estamos alarmados por la inseguridad”.
Pese a ello, Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, detecta que, pese al discurso de trabajo mancomunado, persiste un problema de gestión que carece de metas e indicadores que muestren a los ciudadanos que se está avanzando en la dirección correcta con las decisiones tomadas por las autoridades del Estado.
“La seguridad requiere ser tratada en varios ejes, de manera simultánea y coordinada. Es un conjunto de procesos donde deben intervenir las funciones”, continúa y sostiene que la falta de eficacia, a diferencia del discurso oficial, responde a que las autoridades proyectan sus responsabilidades y no asumen los compromisos que dicen tener con los ecuatorianos.
Con información de Expreso
