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Según la Ley de Solidaridad, durante un conflicto armado interno, cualquier persona que pertenezca, de forma permanente o circunstancial, a un grupo delincuencial organizado, será sancionada con 26 años de prisión.
La asambleísta Nathaly Morillo participó de la comisión que tramitó la ley y enfatiza que la detención no se basará únicamente en elementos externos como tatuajes, apodos, modos de vestir o el lugar donde viva. Debe existir un informe que evidencie los vínculos criminales.
«Incluso por video vigilancia, por versiones, tenemos aquí una unidad de investigación y de inteligencia que está realizando toda la parte investigativa y también los peritos nos darán las señales», dice Nataly Morillo, asambleísta
El comandante general de la Policía menciona que, aunque la ley está vigente, su aplicación práctica requiere de un reglamento del Ejecutivo que debe estar en máximo 60 días. Están a la espera de esos lineamientos que se sumarán a las acciones que actualmente desarrolla la Policía.
«¿Esto que nos permite? hacer un análisis del entorno económico, social, e incluso familiar del individuo sujeto a investigación, hacemos vinculaciones criminales», meciona Pablo Dávila, comandante general de la Policía
La ley exige que la red delictiva a la que supuestamente pertenece el detenido haya sido previamente identificada por el Estado. Actualmente se reconoce a 22 grupos armados. Sin embargo, por los constantes fraccionamientos y disputas internas que derivan en violencia entre bandas, esta cifra subió a más de 36 grupos criminales.
El comandante menciona que desde hace tres años tienen una unidad que constantemente actualiza la lista.
«Cuenta con alianzas estratégicas con nuestras policías amigas que forman parte de mecanismos de cooperación internacional tales como Interpol, Ameripol, Europol», explica Pablo Dávila, comandante general de la Policía
En el caso de los cabecillas de las mafias, la pena máxima es de 30 años de cárcel.
