La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía —también conocida como ley minera y energética— fue publicada este lunes en el Registro Oficial tras su sanción por parte del presidente Daniel Noboa, lo que marca su entrada en vigencia formal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Objetivo de la nueva ley
La normativa fue aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de febrero y posteriormente sancionada por el Ejecutivo, buscando fortalecer la operación y regulación de los sectores minero y eléctrico del país, con el fin de generar mayores ingresos fiscales y divisas, así como aportar a la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica del Estado.
Principales cambios introducidos
Reformas al sector minero:
Se requieren actos administrativos motivados previos para ejecutar actividades mineras, lo cual implica la aprobación explícita de las autoridades ambientales y del agua antes de iniciar operaciones.
Se crea una patente de conservación anual sin prórrogas y se fijan regalías entre 3 % y 8 % sobre ventas, con el 60 % de esos recursos destinados a inversión social en los gobiernos locales (GAD).
Se separan las fases de exploración y explotación dentro de las concesiones y se integran minerales secundarios en su marco regulatorio.
Reformas al sector eléctrico:
Se modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para incluir mecanismos de generación distribuida, autogeneración y complementariedad público-privada, incluyendo la creación de figuras como el Distrito Autónomo Energético (DAE).
Se amplían herramientas para que el sector privado pueda participar en la generación y suministro eléctrico bajo concesiones de largo plazo cuando el Estado lo requiera.
Observaciones y contexto
Tras su aprobación, diversos actores sociales —incluidas organizaciones de pueblos indígenas y grupos ambientalistas— han expresado preocupaciones sobre posibles impactos ambientales y sociales, especialmente en territorios amazónicos, y sobre la necesidad de respetar procesos como la consulta previa a comunidades antes de habilitar actividades extractivas.
Además, el **Ministerio de Ambiente y Energía aclaró que la ley no permite actividad minera dentro del Parque Nacional Galápagos, manteniendo la prohibición de minería en ese ecosistema protegido.
