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La Cárcel del Encuentro, catalogada como un centro penitenciario de máxima seguridad, registra actualmente 640 personas privadas de libertad (PPL), luego de una serie de traslados coordinados por el Estado en las últimas semanas. La cifra fue confirmada este jueves 18 por el Ministerio del Interior y refleja el avance en la redistribución de internos considerados de alta peligrosidad.
El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) detalló que hasta el 3 de diciembre el complejo contaba con 350 internos, dentro de una capacidad proyectada para 800 personas. Sin embargo, los traslados recientes elevaron su población carcelaria, especialmente con reos provenientes de centros penitenciarios de Guayas, Esmeraldas, Ibarra y Tulcán.
Uno de los movimientos más significativos fue el operativo realizado la madrugada del 17 de diciembre, cuando 173 PPL fueron movilizados desde la Cárcel Regional de Guayaquil hacia Santa Elena. La operación fue ejecutada mediante un convoy especializado, con apoyo de la Armada del Ecuador y la Policía Nacional, bajo protocolos de máxima seguridad.
Los traslados hacia la Cárcel del Encuentro empezaron en noviembre, cuando 300 internos considerados de alto riesgo fueron los primeros en ocupar el complejo. El presidente Daniel Noboa afirmó entonces que esta infraestructura funcionaría como un espacio de aislamiento para perfiles criminales de alto impacto, en respuesta al incremento de violencia en el sistema penitenciario.
El centro, ubicado en una zona agrícola entre las comunas Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy, requirió una inversión de $ 50 millones y cuenta con cinco pabellones, cuatro patios, tres cercos perimetrales y seis torres de vigilancia de 9,5 metros. Las autoridades destacaron la implementación de tecnología avanzada, como sistemas de inteligencia artificial para monitoreo, controles de acceso y protocolos de ciberseguridad.
Con una capacidad diseñada para entre 800 y 1.000 reclusos, la Cárcel del Encuentro se aproxima a su límite inicial operativo con los 640 internos actuales. Según el Gobierno, la infraestructura y los mecanismos de control están orientados a garantizar la seguridad, contener los riesgos de motines y reducir la violencia que ha afectado al sistema penitenciario ecuatoriano en los últimos años.
