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La Fiscalía General del Estado cerró 2025 sin un fiscal titular, pese a que el país debía contar con una autoridad designada mediante concurso público desde abril. El proceso nunca se concretó y la institución quedó nuevamente en un escenario de incertidumbre.
Tras la renuncia del fiscal subrogante Wilson Toainga y de la fiscal titular prorrogada Diana Salazar, el cargo quedó en manos de Carlos Alarcón, quien asumió como fiscal encargado, sin una fecha definida para su salida ni claridad sobre la designación de su reemplazo.
Diana Salazar dejó la Fiscalía para incorporarse al Gobierno de Daniel Noboa como embajadora en Argentina. Además, figuraba como posible candidata a asambleísta constituyente por el oficialismo, opción que se descartó tras la derrota del régimen en la consulta popular.
El concurso para designar al nuevo fiscal continúa retrasándose, lo que mantiene a la principal institución penal del país bajo una dirección provisional.
Judicatura bajo presión política
El Consejo de la Judicatura fue otro de los focos de cuestionamiento durante 2025. La designación de Mario Godoy como presidente del organismo hasta 2031 estuvo marcada por maniobras políticas que afectaron la transparencia del proceso.
Godoy enfrentó cinco impugnaciones que cuestionaban su trayectoria, pero fue finalmente respaldado con el apoyo de la Presidencia de la República, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Escándalo de corrupción judicial
La crisis se profundizó en diciembre, cuando Mario Godoy quedó involucrado en un escándalo de corrupción judicial. El próximo 5 de enero, deberá comparecer ante la Asamblea Nacional para explicar las presuntas presiones ejercidas por su amigo y entonces director de la Judicatura, Henry Gaibor, al juez anticorrupción Carlos Serrano.
Un audio grabado por el propio magistrado evidenció gestiones relacionadas con el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, condenado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La defensa del sentenciado estuvo a cargo de Dolores Vintimilla, esposa del presidente de la Judicatura.
Gaibor renunció a su cargo, pero Godoy no lo hizo. Actualmente se encuentra con licencia, mientras prepara su defensa. El presidente Daniel Noboa le retiró su respaldo político y le recomendó públicamente que renuncie.
Corte Nacional también en indefinición
La Corte Nacional de Justicia cerró el año en una situación similar. No cuenta con un presidente titular y José Suing continúa como presidente encargado de forma indefinida, mientras el concurso para designar a la nueva autoridad ni siquiera ha iniciado.
Casos emblemáticos marcaron el año
En medio del deterioro institucional, la justicia ecuatoriana enfrentó dos casos de alto impacto nacional.
El primero fue el de los cuatro niños de Las Malvinas: Ismael, Josué, Nehemías y Steven, quienes fueron desaparecidos y asesinados tras ser detenidos por militares.
Un tribunal de Guayas condenó a 11 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a 34 años y 8 meses de prisión como autores directos de desaparición forzada. Otros cinco uniformados, que colaboraron con la Fiscalía, recibieron penas de 30 meses.
Los jueces ordenaron al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas ofrecer disculpas públicas, rectificar la información inicial del caso y realizar una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, además de colocar una placa con los nombres de las víctimas.
Caso Magnicidio Villavicencio
El segundo proceso relevante fue el caso Magnicidio FV, que investiga a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
La causa inició con cuatro implicados: Xavier Jordán y el exasambleísta Ronny Aleaga, ambos prófugos; el exministro José Serrano, detenido en Estados Unidos; y Daniel Salcedo, recluido en Ecuador.
A finales de 2025, otros tres cabecillas fueron vinculados al proceso y un posible juicio quedó proyectado para 2026.
