El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este viernes 12 de diciembre ratificar, por unanimidad, la sanción de 30 días de suspensión sin goce de remuneración contra la jueza Daniela Ayala, de la Unidad Judicial Penal de Pichincha. La decisión se fundamenta en infracciones disciplinarias contempladas en los artículos 107.4 y 108.1 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
La resolución se confirma tres meses después de que la jueza ya había sido suspendida por el anterior pleno del CJ, tras una denuncia presentada por el entonces fiscal general subrogante, Wilson Toainga.
A Ayala se le imputó haber emitido comentarios impropios y ajenos a su rol durante la audiencia de formulación de cargos del 3 de septiembre, dentro del proceso que investiga a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, conocido como caso Magnicidio FV. En esa diligencia, la jueza cuestionó la capacidad profesional de la fiscal Ana Hidalgo y sugirió que debía retirarse del caso.
El informe aprobado por los vocales señala que las expresiones de Ayala constituyeron una agresión verbal, afectando no solo a la fiscal en lo personal, sino también a la Fiscalía General del Estado como institución. Entre los comentarios citados figura su afirmación de que “la Fiscalía no es un brazo ejecutor del político de turno”, frase que, según el CJ, proyecta una duda institucional en un proceso de alto interés público.
El análisis disciplinario concluyó que la jueza excedió su función procesal, generando una desestabilización en la intervención fiscal y cuestionando públicamente su idoneidad técnica.
Con los votos de Magally Ruiz, Fabián Fabara, Damián Larco, Alfredo Cuadros y el presidente Mario Godoy, el CJ negó el recurso de apelación de Ayala y ratificó la sanción impuesta el 8 de diciembre por el director general del CJ, Jorge Mauricio Maruri.
Debido a esta nueva suspensión, Ayala no podrá retomar su participación en el caso Magnicidio FV, en el cual se procesa actualmente al exministro José Serrano; al llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; al exasambleísta de la RC Ronny Aleaga; y al sentenciado por corrupción Daniel Salcedo. Se esperaba, además, la vinculación de los cabecillas del GDO Los Lobos: alias Pipo, alias Lobo Menor y alias Gordo Luis, diligencia que no se realizó debido a que uno de los implicados solicitó un abogado particular.
Posterior a la fallida audiencia, Patricio Rosero, abogado de las hijas de Villavicencio, manifestó preocupación por un eventual retorno de Ayala al caso, señalando además una serie de irregularidades recientes en la etapa de instrucción fiscal. Entre ellas mencionó la actuación de una funcionaria del SNAI, sobre la cual anunció que presentarán una queja formal.
Mientras tanto, la causa continúa bajo la conducción de la jueza Luz María Ortiz, quien asumió el expediente en septiembre y dispuso recientemente medidas más severas contra Jordán y Serrano, actualmente residentes en Miami.
La situación de Ayala seguirá su curso disciplinario, pues aún tiene pendiente una solicitud de declaratoria jurisdiccional previa relacionada con otra denuncia presentada por el ministro del Interior, John Reimberg.
