En el contexto de las alertas emitidas por el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció amenazas en su contra, así como de los señalamientos realizados por la exdirectora de la Judicatura en Orellana, Samantha Lozada, el Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió instalar mesas de trabajo interinstitucional para gestionar apoyo internacional en materia de seguridad.
El pleno del organismo mantuvo una reunión de trabajo con juezas y jueces de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. El objetivo fue evaluar mejoras urgentes en las condiciones de trabajo y seguridad de los administradores de justicia que conocen este tipo de procesos.
La Judicatura informó que, durante el encuentro, las autoridades reconocieron que existen limitaciones presupuestarias; sin embargo, aseguraron que se avanza en la optimización del talento humano, la rehabilitación de infraestructura judicial, la incorporación de tecnología y, de manera prioritaria, el fortalecimiento de las medidas de seguridad para jueces y equipos técnicos.
En la reunión, los vocales Magaly Ruiz, Damián Larco, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros expusieron sus observaciones y coincidieron en la necesidad de continuar trabajando bajo criterios técnicos y de transparencia. Además, plantearon garantizar condiciones administrativas, técnicas y logísticas adecuadas para que los jueces ejerzan sus funciones con independencia, así como fortalecer el uso de herramientas tecnológicas seguras y la capacitación continua.
Como parte de los acuerdos alcanzados, el CJ precisó que, además de las mesas interinstitucionales sobre seguridad, se buscará optimizar la carga laboral judicial, lo que incluye la posible creación de una nueva sala provincial y un nuevo tribunal especializado para atender causas complejas.
Asimismo, se coordinará con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) el cumplimiento efectivo de audiencias desde los centros de rehabilitación social, con el fin de evitar audiencias fallidas y la caducidad de la prisión preventiva.
En las últimas semanas, el juez Carlos Serrano denunció públicamente haber recibido amenazas por parte del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a diez años de prisión por el delito de lavado de activos. De igual forma, la exfuncionaria judicial Samantha Lozada denunció haber sido víctima de un ataque armado y persecución por parte del crimen organizado, señalando una presunta falta de garantías de seguridad, afirmación que fue rechazada por la Judicatura, que aseguró haber activado los protocolos correspondientes.
