El asesinato de la jueza Lady Gissela Pachar Huanga, ocurrido el pasado 11 de mayo en Machala, generó una fuerte reacción dentro de la Función Judicial ecuatoriana y llevó al Consejo de la Judicatura a anunciar medidas urgentes de seguridad a nivel nacional.
La magistrada, quien pertenecía a la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, fue atacada por sicarios mientras se movilizaba en su vehículo por el sur de Machala, cerca de la ciudadela Machalilla. El crimen ocurrió aproximadamente a las 18:00 del lunes 11 de mayo.
Ante este hecho, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, dispuso la conformación de mesas técnicas junto con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces y delegados provinciales para analizar mecanismos de protección y seguridad para operadores judiciales.
Además, el organismo informó que propondrá la creación de un departamento de coordinación con el Ministerio del Interior para agilizar la atención de solicitudes de resguardo realizadas por jueces y servidores judiciales amenazados.
La Judicatura también ordenó levantar información detallada sobre condiciones de seguridad en dependencias judiciales, número de funcionarios amenazados y cantidad de servidores que actualmente cuentan con protección policial o monitoreo preventivo.
El caso generó controversia luego de que el propio Consejo de la Judicatura reconociera que la jueza Lady Pachar sí tenía medidas de protección asignadas debido a amenazas previas, pero dichas condiciones “no se encontraban operativas” al momento del atentado.
Según la Policía Nacional, uno de los custodios de la jueza se encontraba en Quito participando en capacitaciones, mientras que las autoridades investigan la ausencia del segundo agente asignado al resguardo.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces exigió acciones inmediatas y reales para garantizar la integridad de quienes administran justicia en el país, señalando que la violencia representa una grave amenaza para la independencia judicial y el Estado de derecho.
Mientras tanto, continúan las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen que conmocionó a la provincia de El Oro y al sistema judicial ecuatoriano.
