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Un grupo de adultos mayores y jubilados continúa su batalla legal contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Finanzas debido a los persistentes retrasos en la devolución del IVA, un beneficio que por ley deben recibir de manera periódica.
La primera diligencia judicial se realizó en Guayaquil el pasado 21 de noviembre, donde se presentó la acción de protección en defensa de este sector vulnerable. Ahora, una segunda audiencia quedó fijada para el 8 de diciembre, en la cual la jueza receptará las pruebas presentadas por los demandantes.
Harry Valarezo, representante de los jubilados, sostuvo que los atrasos se han vuelto una práctica recurrente dentro de la administración estatal. “Entre seis y ocho meses estamos esperando para el primer desembolso. Eso afecta directamente a nuestros ingresos y calidad de vida”, afirmó.
Por su parte, Jorge Iturburu, abogado de los afectados, espera que la justicia falle a favor de los jubilados y disponga un mecanismo con tiempos claros y obligatorios para la devolución del impuesto. En caso de una resolución negativa, anticipó que apelarán la decisión.
En septiembre de 2025, tras la eliminación del subsidio al diésel, el SRI anunció la asignación de $ 130 millones para la devolución del IVA a 115.000 beneficiarios. Sin embargo, la institución no ha informado cuántos ciudadanos adicionales siguen esperando sus pagos ni cuántos meses de retraso acumulan.
La falta de claridad y los atrasos en los desembolsos mantienen en alerta a miles de adultos mayores que dependen de este ingreso para cubrir necesidades esenciales.
