Jenny Elvia R., la joven de 24 años que había presentado una oferta para adquirir 93 hectáreas de un predio municipal en el cantón La Libertad, se retractó oficialmente de la compra, según consta en un oficio dirigido al alcalde Francisco Tamariz.
En el documento, la ciudadana solicitó la rectificación parcial de la resolución municipal que días atrás aprobó la venta del terreno a su nombre, decisión que fue avalada por la mayoría del Concejo Cantonal.
La retractación se produce en medio de cuestionamientos públicos y políticos sobre el proceso de compraventa. Uno de los principales críticos ha sido el concejal Bruno Dedé, quien ha expresado serias dudas sobre la legalidad, transparencia y justificación económica del procedimiento, así como sobre la capacidad empresarial de la compradora.
Pedido de adjudicación directa a una empresa
En un nuevo oficio, que trascendió este jueves, Jenny Elvia R. confirmó su desistimiento de la compra, pero solicitó que el predio sea adjudicado directamente a la empresa que supuestamente iba a financiar el proyecto.
En la misiva, la joven argumenta que la adquisición del terreno a su nombre fue una condición impuesta por la empresa interesada en financiar el proyecto agroturístico, según lo difundido por medios de la Península.
De acuerdo con su versión, en agosto del año pasado desarrolló el “Proyecto agroturístico y de reforestación del terreno que rodea a la represa Velasco Ibarra”, el cual presentó a una empresa privada con el objetivo de obtener financiamiento.
“Posteriormente, luego de un análisis exhaustivo, la compañía condicionó mi proyecto a la obtención de la resolución de compraventa a mi nombre, para poder financiar mi tan anhelado proyecto”, señala la carta enviada al Municipio.
Reacciones y acciones de control
El concejal Bruno Dedé manifestó la noche de este jueves que, de haberse presentado el oficio durante la tarde, corresponde ahora la elaboración de un informe jurídico, previo a que el tema sea tratado nuevamente en el Concejo Municipal.
Dedé recordó además que días atrás emitió una alerta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que revise el caso.
Adicionalmente, el pasado 6 de enero, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) inició de oficio una acción de vigilancia contra el Municipio de La Libertad, por la emisión de actos administrativos que podrían ser contrarios al ordenamiento jurídico, relacionados con la presunta venta del predio municipal.
La entidad enfatizó que toda decisión administrativa debe priorizar el interés colectivo sobre el particular, y cumplir estrictamente con los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
El caso continúa bajo análisis y no se descarta que se adopten nuevas medidas administrativas o de control en los próximos días.
