Radio
Como ministro, José De la Gasca contribuyó a consolidar la mayoría legislativa que ha permitido al gobierno avanzar en su agenda. Hoy, esa cercanía puede convertirse en conflicto de intereses si llega a dirigir no sería la primera vez que alguien pasa del ejecutivo a la Fiscalía.
En 2011, Galo Chiriboga, exministro de Rafael Correa y embajador en España, fue designado fiscal general. Reemplazó a Carlos Baca Mancheno, quien también había trabajado con el correísmo en el bloque legislativo y en algunos ministerios. En ambos casos, las críticas fueron las mismas: la Fiscalía perdió independencia y se convirtió en una ficha del poder.
En 2018, De la Gasca ya intentó llegar a la Fiscalía, participó en el concurso y obtuvo 65 puntos. Obtuvo el penúltimo lugar entre 14 candidatos. Hoy, con mayor exposición y respaldo político, su nombre vuelve a estar en la conversación porque él no descarta la posibilidad de participar en un concurso postergado y que acumula críticas de sus veedores precisamente por falta de transparencia.
Y eso abre las puertas, como se ve en las redes sociales, a que vuelvan comparaciones que afectan sobre todo al gobierno. Si se presentó como antítesis del correísmo, ¿está replicando sus prácticas? ¿Es la repetición de un poder que busca blindarse desde adentro?
En la conversación pública no se debaten, no se están debatiendo los derechos de participación ni De la Gasca ni de Mario Godoy, quien hace parte de las mismas dudas por ser cercano al ejecutivo y figurar como el candidato de Carondelet para seguir en la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Se debate el impacto que causan esos nombres sobre una institucionalidad que se mide por normas y también por percepciones.
Una justicia que se percibe como aliada o sumisa al poder ejecutivo queda bajo sospecha como ocurrió bajo el correísmo. Si se vulnera la independencia de poderes, toda la institucionalidad pierde credibilidad y aúpa la corrupción y la impunidad.
Por ello, el concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana será decisivo para saber si se garantizan los principios sobre los que reposa la institucionalidad democrática. El mismo mensaje emanará de lo que ocurra en el Consejo de la Judicatura.
