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Irregularidades en contratos de centros de Salud presentó la asambleísta Andrea Yaguana a Fiscal Irregularidades en contratos de centros de Salud presentó la asambleísta Andrea Yaguana a Fiscal
Hasta la Fiscalía Provincial llegó la asambleísta Andrea Yaguana, para presentar formalmente la denuncia por presunto delito de peculado y tráfico de influencias, en... Irregularidades en contratos de centros de Salud presentó la asambleísta Andrea Yaguana a Fiscal

Hasta la Fiscalía Provincial llegó la asambleísta Andrea Yaguana, para presentar formalmente la denuncia por presunto delito de peculado y tráfico de influencias, en los procesos de adjudicación de los contratos para la construcción de los centros de Salud Tipo C de Machala.

La funcionaria fue recibida por el fiscal provincial Luis Alberto Caivinagua, a quien le exhortó actuar de manera inmediata en este caso que no solamente pone en riesgo la salud de los orenses por la demora en la entrega de estas obras, sino que además se estarían comprometiendo recursos del Estado, en contratos que aparentan irregularidades.

El fiscal agradeció que se presente este trámite que tiene relación directa con la salud, inmediatamente dispuso que se ingrese por Secretaría la denuncia y que en forma acelerada, también se haga el sorteo para conocer qué fiscal iniciará con la indagación.

En la denuncia, se detalla el primer contrato celebrado el 14 de marzo de 2013 entre el entonces Instituto de Contratación de Obras, hoy, Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y, el Consorcio Construarqui y Asociado, para la construcción de los centros de Salud Tipo C ‘Brisas del Mar’ al sur de Machala y ‘El Paraíso’ al norte de esta ciudad, por una inversión de $3´940.579,96 más IVA, y a un plazo de 120 días para ejecutar la obra.

Perjuicio económico

El contrato se protocoliza el 11 de abril de 2013, pero la autorización para realizar los estudios de factibilidad e ingreso de los terrenos donde se levanta el CS Brisas del Mar, recién se dio en septiembre, pese a que el plazo de cuatro meses para su construcción, corría desde marzo del mismo año.

“Asimismo, de forma sospechosa, con fecha 22 de noviembre de 2013, ante el Notario Cuarto Interino del cantón Machala, se celebró tardíamente la transferencia de dominio del referido bien inmueble para la construcción por declaratoria de utilidad pública”, anota al Fiscal la asambleísta.

En diciembre de 2014 de manera tardía se da por terminado el contrato por incumplimiento en la entrega de obra, sin embargo en el historial de Construarqui, reposa en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que se encuentra en etapa de liquidación y que desde el 2015 no tuvo movimiento y no declaró ante el Estado “y busca no responder legalmente a estos hechos irregulares” que podrían estar relacionados con peculado, dijo la asambleísta.

Ocho meses después, en agosto de 2015 el SECOB celebra un nuevo contrato por la misma obra a un plazo de seis meses, una inversión de $3,766.282, 62, pero esta vez con la compañía Obras, Equipos y Construcción ‘Obreco’ Cía. Ltda., la cual también incumplió y habría recibido el 50% del presupuesto que bordea los dos millones y, por mutuo acuerdo se dio por terminado el contrato en mayo de 2017.

Más irregularidades

De acuerdo con información de la Superintendencia de Compañías, la empresa no tiene experiencia, estaba inactiva y disuelta por resolución, pero esto queda sin efecto unos meses antes de adjudicársele el contrato firmado entre el gerente General de OBRECO y del director General del SECOB de ese entonces.

La observación que se hace en la denuncia donde evitamos hacer señalamientos personales, sí hay evidencia en que todos estos procesos desde 2013, existe un incumplimiento de los requisitos precontractuales, contractuales y omisión del ente de control en la aplicación de las garantías de los contratistas que tampoco se ejecutaron; causando un perjuicio al Estado.

En junio de 2018 por solicitud del director Nacional de Diseño e Ingeniería de Servicio de Contratación de Obras, se certifica un nuevo presupuesto para estas obras, valorado en $7.784.268.95, muy por encima del contrato inicial de 2013 que no superaba los $4’000.000.

“Todo esto demuestra la existencia de posibles actos de corrupción que traen consigo la figura penal de peculado y todos serían cometidos por parte de las autoridades de las instituciones públicas que suscribieron los instrumentos legales y, las compañías que tuvieron la calidad de contratistas en este procedimiento de contratación tan irregular”, reposa en la denuncia.

Finalmente, la asambleísta pide a fiscalía que se investigue también el contrato del SECOB con el Consorcio Devonumi, conformado por la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro y la compañía DEVON S.A., donde también se plantea irregularidades.