Un juez ha ordenado a la Defensoría del Pueblo que investigue supuestas acciones de tortura por parte de militares en varias cárceles del país, esto ocurre luego que el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles presentara un recurso de hábeas corpus sobre la situación en las prisiones.
Manuel Peña, juez constitucional de Guayaquil, ha ordenado también que se brinde atención médica ininterrumpida a los reos, según informó el domingo 11 de febrero el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles.
Según el Comité, Peña ha ordenado “dar seguimiento al estado de salud mental de las personas detenidas” y ha pedido a la Defensoría del Pueblo que en el plazo de 45 días investigue las denuncias de supuestos “actos de tortura que han existido en las cárceles del Ecuador”.
Además, ha exhortado “a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad”, y ha señalado que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, debe “otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa” a los reos, quienes no tiene “porqué pagar por eso”, según el comunicado del Comité.
Asimismo, aseguró que el juez ha declarado “responsable al Estado por acción y omisión” en este caso de vulneración de derechos, ya que los militares aparentemente han incurrido en “acciones que atentaron contra la integridad personal de las personas privadas de libertad al someterlas a maltratos que presumiblemente podrían ser tortura”.
Y por omisión, ya que, según el Comité, el “SNAI no está ejerciendo su competencia de gestionar los centros debido a la intervención militar”.
Para el Comité, el juez ha declarado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas “por vulneración de derechos en prisiones”.
De momento, ni el Gobierno ni las fuerzas del orden se han pronunciado ante esta decisión judicial que se da en el marco de las operaciones conjuntas que realizan militares y policías a escala nacional, en cárceles y calles, para poner fin a la espiral de violencia que se desató a principios de enero en todo el país.
Desde el 9 de enero, el Gobierno de Daniel Noboa aplicó un estado de excepción y decretó el “conflicto armado interno” para frenar la ola de violencia atribuida al crimen organizado.
