Aunque la vicepresidenta Verónica Abad señaló que para el cabal ejercicio de ser la presidenta de la República, dar continuidad y estabilidad a la gestión ejecutiva requería el apoyo de cada una de las funciones del Estado y de las Fuerzas Armadas, en respuesta varias instituciones señalaron que cumplirán las disposiciones del presidente en funciones Daniel Noboa, otra llamó a deponer cualquier interés personal o ideológico, mientras que otra exhortó a que se cumpla la Constitución y el ordenamiento jurídico.
La tarde del sábado último, Abad, mediante un video publicado en su cuenta personal de la red X, aseguró que este domingo, 5 de enero, asumiría las funciones de presidenta constitucional del Ecuador, pues —aclaró— debía atender esta responsabilidad mientras el presidente Daniel Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral.
Hasta el momento, el primer mandatario no ha decidido pedir licencia para participar en la promoción de su candidatura entre el 5 de enero, en que arranca oficialmente la campaña, y el 6 de febrero próximo. Lo que sí hizo conocer, luego del anuncio de Abad, es que posesionaba como vicepresidenta de la República a la economista Cynthia Natalie Gellibert Mora hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que Verónica Abad tome posesión de sus funciones en la Embajada de Ecuador en Turquía.
Según Abad, ellos ya fueron posesionados ante sus electores y el país entero, por lo que creía que no es necesario que opere acto de posesión alguno en el ejercicio de la Presidencia, sino solo por la supremacía de la Constitución. En su alocución, la aún vicepresidenta señaló que es obligación constitucional e ineludible de las Fuerzas Armadas la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, el respeto al ordenamiento jurídico y democrático, la integridad, unidad e independencia del Estado; y del Comando Conjunto, asegurar el ejercicio del poder constitucional sin dilación alguna.
Poco después, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ante el pedido de Verónica Abad de “apoyo y compromiso” de la institución para su ejercicio como presidenta de la República desde el 5 de enero de 2025, señaló que las Fuerzas Armadas son una institución que respeta y hace respetar la Constitución y las leyes de la República.
En este sentido, recordó la vigencia de los decretos ejecutivos 490, del 23 de diciembre de 2024, y 494, del 4 de enero de 2025, los cuales fueron firmados por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Con el primero se asignó a la vicepresidenta Abad, como única función especial y temporal, colaborar con las relaciones económicas de Ecuador con el Gobierno de Turquía, en calidad de consejera temporal con funciones económicas en la Embajada de Ecuador en Turquía; mientras que con el Decreto Ejecutivo 494 se designó como vicepresidenta de Ecuador a Cynthia Natalie Gellibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República.
“No siendo las Fuerzas Armadas deliberantes, nos corresponde acatar las disipaciones del presidente constitucional de la República en funciones, Daniel Noboa, y cumplir con nuestra misión como estricta sujeción al poder civil y la Constitución, conforme al artículo 159 de la Constitución”, se remarcaba en el comunicado del Comando Conjunto.
La Policía Nacional tomó el mismo camino que las Fuerzas Armadas. En un comunicado explicó que su deber como institución, parte de las fuerzas del orden, es respetar y hacer respetar la Constitución y la normativa legal vigente. Esto de conformidad con el artículo 159 de la Constitución de la República y el artículo 59 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
También aseguró que la Policía Nacional, al ser una institución obediente y no deliberante, cumplirá las disposiciones emitidas por el presidente en funciones Daniel Noboa, de acuerdo con los decretos emitidos y demás disposiciones generales.
Verónica Abad convocó a todos para desde este 5 de enero establecer una agenda de trabajo conjunto y no dejar vacío de poder ni un solo minuto. Para la funcionaria, la sucesión es clara y no existe confusión u oscuridad en el asumir el ejercicio de la Presidencia de la República.
De forma más cauta también se pronunció la Función de Transparencia y Control Social, instancia liderada por Xavier Torres, contralor general del Estado, e integrada por los titulares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo y los superintendentes de Ordenamiento Territorial, Bancos, Protección de Datos, de Economía Popular y Solidaria, de Compañías y de Competencia Económica.
Desde la Función de Transparencia se anotó que la Constitución es el pilar fundamental para garantizar la convivencia, el respeto constitucional al orden y la protección de los derechos ciudadanos. Y, en esa línea de supremacía constitucional, hizo un llamado firme y estricto a su cumplimiento, enmarcando las acciones en los principios de legalidad, responsabilidad y equidad.
En este trascendental momento para la democracia ecuatoriana y conscientes de los desafíos que enfrenta Ecuador, quienes integran la Función de Transparencia exhortaron a todas las funciones del Estado a que, en ejercicio de sus competencias y atribuciones, cumplan lo dispuesto en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, priorizando el interés nacional, promuevan el diálogo constructivo y el respeto mutuo, y preserven y fortalezcan la institucionalidad democrática.
“La Función de Transparencia y Control Social reitera su compromiso de velar por el bienestar del pueblo ecuatoriano, conminando a la reflexión, el respeto y el cumplimiento de las responsabilidades inherentes a la función estatal. En estos momentos decisivos, es fundamental que prevalezcan los valores de transparencia, responsabilidad, integridad y compromiso social”, se aclaró.
Finalmente, la Procuraduría General del Estado, como entidad técnico-jurídica que defiende los intereses del Estado ecuatoriano, exhortó a las diferentes funciones y órganos del Estado a mantener y proteger la institucionalidad democrática, a ejercer en forma responsable y seria las atribuciones y competencias que les han sido otorgadas, a respetar la independencia de las demás funciones y órganos estatales, a acatar en forma irrestricta las normas constitucionales y legales vigentes.
“El Ecuador vive momentos de tensión que exigen serenidad, madurez política y un alto sentido de convivencia democrática. A las puertas de un nuevo proceso electoral que definirá el futuro del país, esta Procuraduría insta a todos los sectores a deponer cualquier interés personal o ideológico y tomar decisiones en beneficio del bien común”, refirió la Procuraduría mediante un comunicado público.