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La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra la jueza Nubia Yineth Vera Cedeño, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, se instaló este lunes en los juzgados de la capital ecuatoriana en el marco del caso denominado “Mueble Fino”, un proceso penal que ha tenido múltiples intentos de tramitación.
La Fiscalía General del Estado acusa a Vera de concusión, un delito que consiste en solicitar o exigir dádivas, bienes o beneficios a cambio de influir en sus decisiones como jueza para favorecer a un ciudadano en un proceso judicial que tramitaba en su despacho. Según la Fiscalía, las dádivas habrían incluido muebles de lujo y dinero, como parte de un supuesto acuerdo ilícito.
Durante la audiencia, que se desarrolló ante el juez anticorrupción Esteban Coronel, la defensa de Vera solicitó la nulidad parcial de la causa, argumentando presuntas vulneraciones al derecho a la defensa durante la fase investigativa. En concreto, el abogado defensor cuestionó la incorporación tardía de pericias financieras y otros informes que, según su criterio, no permitieron una revisión y réplica adecuada en tiempo oportuno.
Por su parte, la fiscal del caso, Mayra Soria, rechazó que exista causal de nulidad y señaló que cualquier cuestionamiento a pruebas específicas debe tratarse como un pedido de exclusión probatoria en fases posteriores del proceso, no como una anulación de la investigación completa.
Este procedimiento se produce después de que la fase de instrucción fiscal concluyera hace varias semanas y tras cuatro intentos previos por instalar la audiencia preparatoria de juicio, señalando la complejidad y la atención política del caso.
Cabe recordar que la jueza Vera ha sido figura de atención mediática y judicial desde 2024 por sus resoluciones en casos de alto perfil, incluyendo la acción de protección a favor de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, que permitió revertir un sumario administrativo en su contra.
Además, desde agosto de 2025 se le impusieron medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial como parte del avance del proceso penal en su contra por las acusaciones que integran este caso.
La audiencia preparatoria de juicio es una etapa procesal en la que el juez anticorrupción evalúa las pruebas de cargo y de descargo presentadas por Fiscalía y defensa, con el fin de decidir si existe mérito suficiente para remitir el caso a juicio oral y público. Dependiendo de los resultados de esta fase, el proceso penal podría avanzar hacia un juicio formal, en el que se determinará la posible responsabilidad de la jueza en los hechos imputados.
