“Se ha intentado dar una falsa percepción de seguridad en el país, cuando en realidad muchas muertes fueron encubiertas”, dijo la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, misma que fiscalizará la posible manipulación de cifras de homicidios y desapariciones entre 2008 y 2023.
El proceso de fiscalización de la comisión será independiente. La investigación revisará el manejo de datos de los últimos 15 años, en los que se sospecha que hubo 7.580 muerte violentas relacionadas con delincuencia organizada y más delitos graves.
La comisión fiscalizará estas estadísticas y llamará a varias autoridades a comparecer como representantes del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fiscalía, Ministerio de Salud Pública, entre otros.
Alarcón también señala que estas “inconsistencias” serían derivadas de una intención política para ocultar el verdadero nivel de violencia.
