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La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco personas por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego, tras un operativo ejecutado la mañana del 14 de enero en la ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil.
Según la investigación, el inmueble allanado habría sido utilizado por una empresa de seguridad privada. Sin embargo, durante el procedimiento no se encontraron rótulos ni distintivos visibles, y ninguna de las personas aprehendidas se identificó como representante o trabajador de dicha compañía, ni presentó documentación que respalde la tenencia legal de las armas.
El comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, informó que el allanamiento se ejecutó tras una alerta ciudadana.
“Se procedió a la incautación de ese armamento por orden de Fiscalía”, señaló, al precisar que varias de las armas presentaban irregularidades en su numeración.
Durante el operativo fueron aprehendidas cinco personas y se incautaron 201 armas de fuego, entre ellas:
81 fusiles
71 pistolas
41 revólveres
8 escopetas
Como indicios adicionales, los agentes decomisaron cinco teléfonos celulares, tres computadoras portátiles y un CPU, todos ingresados bajo cadena de custodia.
Vínculo con alias “Marino”
Información proporcionada por la Policía Nacional y la Fiscalía señala que el armamento decomisado pertenecería a una empresa de seguridad privada que actualmente es objeto de investigación.
Dicha compañía tuvo como accionista mayoritario y presidente, entre 2022 y 2024, a alias “Marino”, quien fue asesinado el pasado 8 de enero en una urbanización de isla Mocolí. Aunque posteriormente habría vendido sus acciones, las autoridades investigan si, pese a ello, mantuvo algún tipo de relación con la empresa.
Según datos policiales, parte de las armas incautadas tenía los números de serie borrados o alterados, lo que dificulta establecer su origen. Además, se analizan los documentos relacionados con la adquisición del armamento y los contratos de seguridad suscritos por la compañía.
Prisión preventiva para cuatro implicados
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó los elementos recabados en la fase preprocesal, entre ellos el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes y las evidencias ingresadas bajo cadena de custodia.
El juez de Garantías Penales de turno acogió parcialmente el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para:
Wellington Pedro S. P.
Félix Rubén J. J.
Stalin Fernando M. C.
Mauro Aníbal M. C.
Los procesados fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral.
En el caso de la quinta procesada, Narcisa M. I., el magistrado dispuso arresto domiciliario, luego de que presentara certificados médicos que acreditan una intervención quirúrgica reciente.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, período en el que se profundizarán las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles nexos con estructuras delictivas.
