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En la jornada de este 6 de febrero de 2026, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continuó con las audiencias del juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), en el que se evalúa su presunta falta de garantía de la independencia judicial y su actuación frente a denuncias vinculadas con el narcotráfico y la gestión interna del organismo.
En su declaración ante la Comisión, el magistrado Carlos Serrano, conocido por su labor en casos de corrupción y crimen organizado, afirmó que el exdirector provincial del CJ, Henry Gaibor, ejerció presiones sobre él, especialmente el día previo a emitir la sentencia en el caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, denominado mediáticamente Euro 2024. Serrano dijo que Gaibor lo instó a “poner atención a la defensa” de Srdan, implicando una interferencia indevida en la independencia judicial.
El juez Serrano explicó que, debido a estas situaciones, incluida la falta de protección física tras amenazas de muerte vinculadas al propio Srdan, se sintió desprotegido y fue forzado a salir del país. Relató además que el Consejo de la Judicatura nunca atendió de forma efectiva sus solicitudes de seguridad, pese al riesgo que enfrentaba por las amenazas directas recibidas en el contexto de este caso.
Según Serrano, la presión de Gaibor ocurrió en medio de un proceso en el que él y otros jueces debían sentenciar por lavado de activos a Srdan, quien en noviembre de 2025 fue condenado a 10 años de prisión. Serrano también acusó que Godoy —como máximo representante del CJ— no garantizó condiciones mínimas de seguridad ni actuó de forma diligente frente a las amenazas, pese a las advertencias del propio magistrado.
La acusación en contra de Godoy se inserta en un proceso más amplio de juicio político que la Asamblea Nacional sustancia en su contra por presunto incumplimiento de funciones constitucionales y legales, y por supuestas actuaciones que habrían comprometido la independencia de jueces anticorrupción. En este marco, la bancada de la Revolución Ciudadana ha presentado pruebas documentales, audios y testimonios que sostienen que funcionarios subordinados a Godoy intervinieron en decisiones judiciales, además del rol de otros actores como Dolores Vintimilla, esposa de Godoy y ligada anteriormente como abogada en el caso del serbio, y el exdirector Gaibor.
Estas audiencias forman parte de un procedimiento que incluye varias comparecencias —incluyendo la de Serrano— y en las cuales se confrontan versiones entre los proponentes del juicio político y la defensa de Godoy. El proceso también ha sido objeto de atención mediática y política, particularmente por la presión pública y cuestionamientos sobre la gestión de justicia en Ecuador, así como por las implicaciones de este caso para la confianza en las instituciones judiciales.
