El Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador publicó un informe que expone la grave escalada de asesinatos múltiples y masacres a escala nacional durante la presidencia de Daniel Noboa, en el período comprendido entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.
De acuerdo con el estudio, en ese lapso se registraron 427 asesinatos múltiples, entendidos como hechos criminales donde se producen más de tres muertes en un mismo evento, una cifra que evidencia el alto nivel de violencia que atraviesa el país.
Las provincias con mayor número de estos crímenes son Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, zonas que concentran gran parte de los hechos violentos relacionados con estructuras del crimen organizado.
La mayoría de las víctimas no tenía antecedentes
Uno de los datos más reveladores del informe es que ocho de cada diez víctimas mortales, es decir, el 82 %, no tenía antecedentes penales, desmontando el discurso que asocia de forma generalizada a las víctimas con actividades delictivas.
El Observatorio también llama la atención sobre la falta de transparencia del Ministerio del Interior, que únicamente publicó información sobre el pasado judicial de los fallecidos hasta diciembre de 2024. Desde enero de 2025, esta información dejó de ser difundida, lo que impidió dar seguimiento completo a los perfiles de las víctimas en el informe reciente.
Otro dato preocupante sobre el perfil de las personas asesinadas revela que cuatro de cada diez eran estudiantes, lo que expone el impacto directo de la violencia sobre jóvenes y población en formación.
Subregistro en las cifras
El informe también advierte sobre un subregistro en las estadísticas oficiales, señalando que el sistema público solo asigna fecha y hora al momento del fallecimiento, sin incluir a las personas heridas que mueren días después, lo que distorsiona la dimensión real de la violencia.
El Observatorio sostiene que las cifras de asesinatos múltiples son clave para visibilizar el nivel de violencia de un país, y advierte que en el caso de Ecuador la magnitud del problema podría ser aún mayor que la registrada oficialmente.
Este informe vuelve a encender las alertas sobre la crisis de seguridad nacional, el impacto social de la criminalidad y la urgente necesidad de políticas públicas efectivas para frenar la violencia.
