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La frontera norte de Ecuador se ha convertido en un foco de violencia e inseguridad que combina la operación de grupos armados colombianos, bandas criminales ecuatorianas y redes transnacionales dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales. Esta situación ha llevado al Gobierno ecuatoriano a exigir a Colombia una mayor acción conjunta en materia de seguridad, argumentando que la falta de control efectivo en territorio colombiano exacerba la crisis en el lado ecuatoriano.
Según expertos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), la principal actividad delictiva en la zona —el narcotráfico— no se entiende de manera aislada, sino como parte de una compleja cadena de economías ilegales que incluyen el tráfico de combustibles, ingreso de precursores químicos e incluso minería ilegal, que sostiene financieramente a estos grupos.
Actores del conflicto
En la región operan disidencias de las antiguas FARC y células del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que retornaron a la ilegalidad tras el proceso de paz de 2016 en Colombia y mantienen influencia especialmente en departamentos como Nariño y Putumayo, con incidencia directa en provincias ecuatorianas como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.
Del lado ecuatoriano, bandas como Los Tiguerones, Los Lobos y estructuras vinculadas a Los Choneros disputan rutas y territorios, formando alianzas temporales para controlar mercados ilícitos.
Impactos y economías ilícitas
Además de la cocaína, otros mercados ilícitos ganan terreno, como el tráfico de marihuana y nuevas sustancias psicoactivas, así como la extorsión (vacunas), que afecta a agricultores y comerciantes. La minería ilegal también se ha consolidado como fuente de financiamiento para estos grupos criminales, generando violencia, intimidación y enfrentamientos armados en la zona.
Entre 2023 y 2024 se registraron cientos de incidentes violentos en las provincias fronterizas, incluidos enfrentamientos y decomisos de armas y droga.
Tensión diplomática y medidas económicas
Como respuesta a lo que considera una insuficiente cooperación de Colombia en la lucha contra el crimen transnacional, el Gobierno ecuatoriano impuso un arancel del 30% a las importaciones colombianas, medida que entró en vigor el 1 de febrero de 2026. Colombia rechazó esta posición y respondió con sus propios aranceles y la suspensión temporal de exportaciones de energía a Ecuador.
Camioneros y transportistas ya han reportado un aumento de hasta 40% en el costo del flete antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles, reflejando el impacto económico inmediato de las tensiones.
Riesgos geopolíticos y cooperación internacional
La complejidad del fenómeno ha llamado la atención más allá de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Está prevista una reunión entre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente de EE. UU. Donald Trump, con la expectativa de fortalecer mecanismos de cooperación y combatir conjuntamente el narcotráfico y la violencia en la región fronteriza.
Expertos advierten que, si las tensiones bilaterales erosionan los mecanismos de coordinación operativa, esto podría facilitar el contrabando y debilitar la lucha contra las redes criminales transnacionales.
