La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) se pronunció tras la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), emitida por la Corte Constitucional, y advirtió que el fallo reduce la claridad normativa necesaria para la participación privada en el sector energético.
La disposición anulada permitía la delegación de actividades del sector eléctrico a empresas privadas sin que medie el carácter de excepcionalidad, por lo que, a partir de la decisión de la Corte, el Estado ya no podrá concesionar estos servicios bajo una justificación genérica de interés público.
No obstante, el gremio empresarial precisó que la resolución no prohíbe la inversión privada en el sector eléctrico, sino que elimina una de las causales legales que permitían su participación de manera amplia.
Este punto fue aclarado por la propia Corte Constitucional mediante un comunicado oficial difundido el domingo 11 de enero, en el que se indicó que la mayoría de las reformas a la Lospee se mantienen vigentes y que únicamente se declaró inconstitucional la causal que establecía la delegación “cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general”.
Según explicó la Corte, dicha expresión fue considerada incompatible con la Constitución por su carácter excesivamente amplio, ya que vaciaba de contenido el principio constitucional que establece que la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional.
Frente a este escenario, la CCG señaló que es necesario continuar trabajando para garantizar el suministro eléctrico y consideró oportuna una reforma legal a la Lospee que defina con claridad los criterios de excepcionalidad para la participación de actores no estatales en el sector eléctrico.
Este planteamiento coincide con lo anunciado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) el fin de semana pasado, cuando informó que impulsará una propuesta de reforma legal para establecer de manera técnica, clara, precisa y verificable las condiciones bajo las cuales procede la delegación excepcional, con el objetivo de brindar certeza y seguridad jurídica a futuros proyectos.
Adicionalmente, la Cámara recomendó mantener la aplicación del artículo 316 de la Constitución, que permite al Estado delegar servicios públicos a privados bajo criterios de excepcionalidad, mientras no se realicen enmiendas al texto constitucional.
El gremio también instó a continuar impulsando los proyectos permitidos por la normativa vigente, recordando que los numerales 2 y 3 del artículo 25 de la Lospee siguen en vigor, especialmente en los casos de:
Demanda no cubierta por empresas públicas o mixtas.
Proyectos de energías renovables no convencionales que no consten en el plan maestro de electricidad.
Finalmente, la Cámara de Comercio de Guayaquil sugirió promover una enmienda constitucional a través de la Asamblea Nacional, con el objetivo de clarificar y facilitar la participación del sector privado en los sectores estratégicos, en función del crecimiento de la demanda energética y la necesidad de contar con una oferta suficiente y competitiva.
“Estas opciones permiten seguir impulsando la participación privada en el sector eléctrico bajo los supuestos excepcionales previstos en la Constitución y la ley. La apertura a la inversión privada en sectores estratégicos es un cambio estructural necesario para el desarrollo del país”, concluyó el gremio.
