La minería ilegal en Ecuador recibió un fuerte golpe económico durante el primer trimestre de 2026, luego de que operativos ejecutados por las Fuerzas Armadas y otras entidades del Estado provocaran pérdidas estimadas en 1.696 millones de dólares a las mafias vinculadas a esta actividad ilícita.

Según el balance oficial, estas acciones forman parte de una estrategia sostenida para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, que ha encontrado en la explotación ilegal de minerales —especialmente oro— una fuente altamente rentable de ingresos.

Los operativos incluyeron la destrucción de maquinaria, desmantelamiento de campamentos clandestinos y control de zonas estratégicas donde operan redes ilegales. En ese contexto, el Ministerio de Defensa ha señalado que estas intervenciones buscan reducir la capacidad operativa de estas organizaciones y recuperar territorios afectados.

De hecho, cifras recientes indican que en lo que va del año las acciones estatales han provocado una afectación cercana a los 2.000 millones de dólares a estas estructuras criminales, evidenciando la magnitud del negocio ilícito y el impacto de los controles implementados.

La minería ilegal no solo representa pérdidas económicas para el Estado, sino que también está estrechamente vinculada a otros delitos como narcotráfico, extorsión y violencia armada, consolidándose como uno de los principales motores del crimen organizado en el país.

En este escenario, el Gobierno mantiene la ofensiva como parte de su política de seguridad, en medio de un contexto donde Ecuador enfrenta un conflicto interno contra organizaciones criminales que operan en diversas economías ilegales.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán en distintas provincias, con el objetivo de frenar la expansión de estas mafias y mitigar los daños ambientales y sociales provocados por la explotación ilegal de recursos naturales.