El Gobierno de Ecuador presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica reformatoria orientado a prevenir y erradicar el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de grupos de crimen organizado, estructuras criminales o armadas ilegales.
La iniciativa fue entregada oficialmente por el ministro del Interior, John Reimberg, junto con la vicepresidenta, María José Pinto, y la asambleísta Valentina Centeno, coordinadora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), para iniciar su trámite legislativo en el Parlamento.
Objetivos y modificaciones clave
El proyecto de ley propone modificar once cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código de la Niñez y Adolescencia y normativas sobre educación, cultura y seguridad, con el fin de fortalecer el marco jurídico para enfrentar las tácticas de reclutamiento empleadas por bandas delictivas.
Uno de los cambios más relevantes es el endurecimiento de las penas privativas de libertad para quienes recluten menores con fines delictivos o criminales, elevando las sanciones actuales —que van de 10 a 13 años de cárcel— a entre 22 y 26 años de prisión.
La propuesta también incluye la incorporación del reclutamiento, uso y utilización de NNA, así como el delito de extorsión, dentro del régimen de denuncia con reserva de identidad, lo cual busca garantizar una mayor protección y confidencialidad para las víctimas y testigos menores de edad implicados en estos casos.
Enfoque integral y judicial especializado
El proyecto también prevé tratamiento judicial especializado para adolescentes involucrados en procesos penales, con un enfoque que distingue entre los menores captados por estructuras delictivas y los adultos responsables de su captación y explotación.
La vicepresidenta Pinto enfatizó que la iniciativa busca poner en el centro la protección integral de la niñez y abordar de manera efectiva un problema que ha venido en aumento en los últimos años. Pinto ha señalado previamente que el reclutamiento de menores por parte de bandas como Los Choneros y Los Lobos representa “una amenaza directa” para el desarrollo y seguridad de las comunidades.
El Gobierno ya había declarado, mediante Decreto Ejecutivo No. 21 del 2025, al reclutamiento de menores como una prioridad nacional para prevención y erradicación, y creó el Comité interinstitucional correspondiente para formular políticas públicas en este ámbito.
Contexto de vulnerabilidad infantil
Organizaciones internacionales y datos oficiales han mostrado que el problema de reclutamiento de menores en Ecuador está vinculado a factores estructurales como la violencia criminal, la pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades laborales, y la presencia de grupos delictivos en zonas urbanas y rurales.
En 2025, cifras oficiales indicaron que más de 2 800 menores de entre 12 y 17 años fueron aislados o detenidos por presunta vinculación con delitos como tráfico de drogas y porte ilegal de armas, reflejando la magnitud del fenómeno que enfrenta el país.
Debate legislativo por delante
Con la entrega formal del proyecto, la Asamblea Nacional iniciará el análisis, primer debate y posibles ajustes a la propuesta. Legisladores y organizaciones de sociedad civil observarán con atención cómo se equilibran las sanciones penales con los derechos y garantías de los adolescentes, en un contexto en el que organismos como Unicef y Human Rights Watch han señalado, históricamente, la necesidad de abordar con cautela la criminalización de menores y fortalecer mecanismos de prevención y rehabilitación, junto con la persecución de los responsables adultos.
