Este jueves 2 de mayo, la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia presentó una noticia criminis en la Fiscalía General del Estado en contra de la empresa Fattori, proveedora de alimentos a más de 24 mil presos en el país, debido a presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus contratos.

El documento, de dos páginas con anexos, incluye informes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) que señalan actos ilícitos de carácter penal presuntamente cometidos por Fattoría.

La información específica de los presuntos delitos no ha sido revelada debido a su clasificación como secreta por parte del CIES. Sin embargo, el asambleísta Adrián Castro ha indicado que existen sospechas de «licitaciones donde participan más de 7 mil personas y durante más una década una sola empresa gana».

Además, el documento presentado en la Fiscalía menciona un caso denominado «Alpha» que involucra a Fattoría en presuntos vínculos con organizaciones delictivas que habrían tenido control de los centros carcelarios y provocado motines y masacres.

La empresa Fattoría ha provisto alimentación a los presos ecuatorianos desde el año 2011. Sin embargo, este miércoles suspendió el servicio debido a la falta de pago por parte del Estado.

Como consecuencia de la suspensión, los familiares de los reclusos han tenido que recurrir a la entrega de donaciones de alimentos para suplir la necesidad básica de sus seres queridos. En la cárcel de Cotopaxi, por ejemplo, las donaciones son entregadas en vehículos particulares y no cuentan con control de calidad.

Hasta el 2022, Fattoría dominaba el mercado de alimentación en las prisiones ecuatorianas, proveyendo comida al 74% de los presos. Sus contratos con el Estado iniciaron en 2011 y se expandieron con la inauguración de las megaprisiones. En 2016, la empresa ganó un proceso para la totalidad de los 34 centros de rehabilitación social del país.

A pesar de que los contratos con Fattoría caducaron en 2022, la empresa continuó a cargo de la alimentación bajo la figura de convenios de pago. Esta figura legal, destinada a situaciones excepcionales, se convirtió en la norma durante años, generando cuestionamientos sobre la transparencia y la eficiencia del proceso.

El Observatorio del Gasto Público estima que el Estado ha pagado USD 77 millones a Fattoría por sus servicios.