El ministro del Trabajo, Harold Burbano, informó este martes sobre un nuevo enfoque en la regulación de la jornada laboral que forma parte de las reformas laborales que el Gobierno busca implementar para regularizar relaciones laborales informales y adaptarlas a las necesidades actuales del mercado laboral.
Durante una entrevista radial, Burbano explicó que el Ejecutivo está preparando un acuerdo ministerial para instituir la “jornada irregular”, una modalidad de cumplimiento flexible de las 40 horas semanales que permite, mediante acuerdo entre empleador y trabajador, organizar la distribución de esas horas conforme a las condiciones de cada parte.
Actualmente, la normativa laboral ecuatoriana establece la jornada ordinaria de ocho horas diarias y 40 horas a la semana; sin embargo, en la práctica existen relaciones laborales que se dan fuera de ese esquema. La propuesta del Gobierno busca formalizar esas condiciones, permitiendo que, por ejemplo, un trabajador cumpla su jornada en diez horas diarias por cuatro días o en seis horas diarias por seis días, siempre dentro del límite semanal y con registro ante el Ministerio del Trabajo.
Según el ministro, la nueva modalidad facilitaría que empleadores no tengan que pagar recargos mayores por horas suplementarias en situaciones de horarios atípicos y que las relaciones laborales se registren formalmente, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de derechos laborales de los trabajadores. La jornada irregular no deberá superar diez horas diarias ni seis días a la semana.
Burbano destacó que esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas laborales orientadas a reducir el empleo informal y generar más oportunidades laborales formales en el país, sin introducir sistemas de trabajo por hora que afecten derechos conquistados.
El ministro también había anunciado con anterioridad que para el primer trimestre del 2026 se prevé una fuerte reforma laboral que garantice la formalidad del empleo y que incluya estos acuerdos ministeriales como herramientas para adaptar la regulación vigente a las necesidades del mercado actual.
